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Imagen de un pasillo de supermercado con bebidas azucaradas, el objeto del impuesto catalán que ha sido enmendado en el TSJC / EFE

Las patronales defienden que el impuesto sobre bebidas azucaradas es “inconstitucional”

Las organizaciones que denunciaron el impuesto catalán afirman que la tasa “recaudatoria” tenía un impacto negativo en el sector

11.07.2019 20:34 h.
3 min

Las asociaciones de la industria (FIAB y Promarca), de la distribución (ANGED, ASEDAS, ACES) y las de restauración (Marcas de Restauración) que llevaron el impuesto catalán de bebidas azucaradas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han aplaudido este jueves la resolución que les da la razón. Además, recuerdan que se había denunciado que era “inconstitucional por vulnerar los límites sobre las competencias tributarias” de las autonomías.

Lo hace en un comunicado en el que también señala que la tas vulneraba los “principios de justicia tributaria por su arbitrariedad, discriminación y falta de seguridad jurídica”. Con todo, la justicia ha tumbado la normativa por no respetar los trámites de consulta, audiencia e información públicas. “Se constata que se prescindió de esos trámites de forma indebida”, recuerdan en la nota que han pactado.

¿Fin de la recaudación?

Los representantes empresariales del sector dan por sentado que el impuesto se dejará de pagar, algo que el propio vicepresidente de Economía catalán, Pere Aragonès (ERC), ha enmendado pocas horas después de conocer la resolución del TSJC. Ha matizado que el Alto Tribunal catalán ha anulado el reglamento que desarrolla la ley pero no la normativa en sí, por lo que considera que se debe proseguir con su abono.

Esta será la nueva batalla que se librará entre las entidades denunciantes y la Generalitat. El político republicano ya les ha tildado de “oligopolio”.

Efectos en la cadena y los consumidores

Por su parte, los denunciantes aseguran que el impuesto a las bebidas azucaradas “generaba pérdida de competitividad e inseguridad jurídica” a las empresas que operan en Cataluña. En el mismo comunicado cargan de nuevo contra una “medida injustificada, puramente recaudatoria y que afectaba negativamente a toda la cadena y a los propios consumidores”.

Ha recibido un revés judicial. Aunque, por ahora, su futuro está en el aire.

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