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El director de relaciones laborales de Foment del Treball, Javier Ibars, y la presidenta de la comisión Laboral de la patronal, María Ángeles Tejada, en una imagen de archivo / CG

La patronal pide voz en el debate de la renta garantizada de ciudadanía catalana

Foment del Treball alerta de los riesgos que puede comportar crear el subsidio sin estudiar sus efectos económicos y pide relacionarlo con la negociación colectiva

5 min

El debate para crear la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en Cataluña, un nuevo subsidio que se reclamó en una iniciativa legislativa popular (ILP) en 2012, encara su recta final. Los miembros de la comisión impulsora reconocen avances sustantivos en las últimas semanas y esperan una nueva propuesta de la Conselleria de Treball este lunes. La patronal se ha quedado descolgada del debate por no impulsar la petición popular, pero piden que su voz se escuche.

Sus portavoces advierten que crear el subsidio sin tener en cuenta su opinión no es el mejor ejemplo de consenso social. “Entendemos que debemos participar en el debate”, indica a Crónica Global el director de relaciones laborales de Foment del Treball, Javier Ibars. Señala, asimismo, que tienen completa disposición de sentarse en cualquier mesa a la que les llamen en este sentido.

Búsqueda activa de empleo

“Seguro que nos pondremos de acuerdo en el fondo”, añade. Es decir, en reconocer que es necesario atender a un colectivo que perdió hace tiempo la prestación de desempleo y su reinserción laboral es compleja. “Que hace tiempo que están vinculados con los Servicios de Ocupación de Cataluña (SOC) [la antigua Inem] y que han buscado activamente un empleo”, describe el portavoz empresarial.

Para Ibars, esta es una de las partes esenciales del debate. Que el subsidio se vincule con la mejora curricular y en no desfallecer en los intentos de reincorporarse en el mercado laboral. Asegura que la RGC fracasaría si se convierte en un subsidio que desincentive superar la condición de desempleado por una cuestión económica.

Prestación universal

“No nos convence el concepto de prestación universal”, manifiesta. Esta ha sido una de las cuestiones que se ha abordado en la comisión mixta. A pesar de las reticencias iniciales de la Generalitat, fuentes de la mesa de debate afirman que se ha avanzado en que se contemple en este sentido.

Ibars también entra en el gran escollo de la negociación del subsidio desde hace meses, la complementariedad con un salario. Se ha avanzado en considerar que la RGC complete las retribuciones más bajas desde el momento de su creación. Como mínimo, para las unidades familiares con menores a su cargo.

Salarios bajos

Y cabe tener en cuenta que la previsión de la comisión impulsora es que el subsidio se ponga en marcha el próximo octubre. Foment del Treball rechaza de plano esta alternativa. “No se debe contemplar que una empresa aproveche la prestación para pagar salarios inferiores”, declara Ibars.

La alternativa que ofrece es que se use la negociación colectiva para asegurar que los trabajadores “cobren un salario base adecuado”. “Deben estar vinculados a la realidad del mundo laboral, de su sector y la productividad de la empresa”, añade. Sería una alternativa para enmendar una de las cuestiones más polémicas de la reforma laboral, la posibilidad de que una compañía se descuelgue de su convenio de referencia por causas coyunturales.

El empresario afirma que el escenario ideal es que los marcos laborales reflejaran de la forma más fidedigna posible la realidad del sector y de la coyuntura. En contrapartida, considera que deberían cubrir al 100% de las empresas.

Debate económico

Aunque la parte del debate más importante para la patronal es la económica. Señala que sería osado crear el subsidio sin comprobar si la Generalitat tiene la capacidad de pagarlo. “Existirá el compromiso y no puede llevar a que empeore el déficit fiscal”, advierte Ibars.

La oposición forzó incluir una partida de 220 millones de euros en los presupuestos de 2017. Pero los propios miembros de la comisión impulsora calculan que se necesitarán como mínimo entre 400 y 500 millones anuales para cubrir las necesidades. Se ha hablado de recurrir al endeudamiento, lo que encajaría en los peores presagios de la patronal.

Por ello, se pide un debate tranquilo con todos los agentes sociales antes de crear la prestación.