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Dos turistas se bañan en una fuente pública en Barcelona / EFE

Pacto Barcelona-Airbnb: quién gana y quién pierde

El acuerdo acaba con tres años de guerra de la plataforma con las administraciones local y catalana

6 min

¿Quién gana y quién pierde con la paz pactada entre Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona? La entente alcanzada el miércoles, 26 de julio, pone fin a tres años de guerra abierta de la plataforma intermediaria con las administraciones.

El 6 de julio de 2014, la Generalitat de Cataluña sancionó a la puntocom con 30.000 euros por anunciar pisos turísticos sin licencia. Aquel expediente abrió el fuego de una ofensiva legal a la que se sumó después el Ayuntamiento de Barcelona con dos propuestas de sanción mucho mayores (600.000 euros) e inspecciones masivas a la oferta ilegal.

La primera multa a Airbnb en España, la autonómica de 2014, fue tumbada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona en diciembre de 2016. Por aquel entonces, el pulso ya se había desplazado a la ciudad de Barcelona, donde la tecnológica anuncia la mayoría de alquileres en Cataluña: hasta 19.565 referencias.

"Gana la ciudad"

La paz alcanzada ayer es "positiva". Así lo ve Enric Alcàntara, presidente de la patronal de apartamentos turísticos Apartur. "Lo que parecía imposible hace un tiempo, que las grandes plataformas combatieran la ilegalidad, está ahora desbloqueado", valoró el directivo tras el anuncio.

Según él, uno de los beneficiados será la propia ciudad de Barcelona. "Si se implementa el acuerdo, la imagen y la convivencia mejorarán. Casi todo el sector turístico comparte la estrategia de poner coto a la oferta irregular", manifestó.

El ejecutivo rechaza que el pacto sea un cambio de cromos entre Airbnb y la corporación, que permitirá el homesharing. "Es más un compromiso de un intermediario de colocarse en el consenso general del sector: lo irregular sobra y perjudica", leyó Alcàntara.

"Hoteles y pisos legales, contentos"

Otras de las partes beneficiadas serán los hoteles y los 9.606 apartamentos turísticos de Barcelona que sí cuentan con un número de Registro de Turismo de Cataluña.

"Cualquier hotelero o gestor de viviendas vacacionales se congratulará. Si se cumple el acuerdo, avanzamos en el combate contra la competencia desleal. También ponemos rumbo a marcar unas mismas reglas para todos", señaló Anna Castan, socia fundadora de la hotelera y gestora de pisos Izaka.

"Habrá un efecto sobre la ocupación, sí, pero lo sustantivo es que la última gran intermediaria que cobijaba a operadores sin licencia decide comenzar a expulsarlos. Booking ya se había comprometido a ello".

Vecinos, empate

En el terreno de las tablas se sitúan los vecinos. Joan Balañach, responsable de turismo y vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) subrayó tras el acuerdo que "preocupan varios aspectos" del pacto.

"La Generalitat está dibujando la regulación del alquiler de viviendas. El reglamento de turismo, que debería aprobarse en septiembre, debería marcar las líneas maestras para que el Ayuntamiento de Barcelona fije los límites. Con la entente alcanzada hoy, ¿peligra la capacidad normativa de la ciudad?", se preguntó el activista.

"La paz entre Airbnb y el Gobierno municipal no resuelve un aspecto esencial: las plazas de alojamiento no paran de crecer. Nosotros estamos por el decrecimiento en las zonas más saturadas de turistas. No es de recibo dejar una rendija legal, el alquiler de habitaciones, para aumentar las camas", agregó.

"Es positivo avanzar hacia la legalidad, pero creemos que el problema de fondo persiste. Ese quebradero de cabeza es el turismo masivo".

Propietarios y Airbnb, en el rojo

En el terreno de los que pierden se encuentran dos sectores. Por un lado la propia Airbnb, que pivota hacia los postulados municipales de combate contra la saturación turística. "Ha claudicado y borrará 1.000 registros de pisos legales e ilegales ¿a cambio de qué? El homesharing nunca fue ilegal, sólo alegal", subrayan fuentes del sector.

Por el otro, pierden los propietarios de pisos que operan al límite de la ley. "La otra medida, la de borrar anuncios en Ciutat Vella, afecta a propietarios de viviendas con licencia. La enseña se pliega ante el ayuntamiento a cambio de cumplir la ley, pues alquilar una habitación no está penado", agrega otro directivo de la industria.

Gol del consistorio

Ambos movimientos —el de decrecer en Ciutat Vella y el de borrar 1.000 anuncios irregulares— tienen dos autores y, por lo tanto, ganadores del acuerdo de ayer.

Son Agustí Colom, concejal de Turismo de Barcelona y Janet Sanz, la quinta teniente de alcalde de Urbanismo. El pacto del miércoles les encumbra como vencedores en la larga guerra que arrancó en 2014.

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