Menú Buscar
Dos trabajadoras de Ombuds, cuyo concurso gestiona Baker Tilly, en una protesta ante la Ciutat de la Justícia de Barcelona / CG

El administrador de Ombuds muestra su optimismo en superar el concurso

Los mensajes positivos de Baker Tilly contrastan con las quejas de los trabajadores, que denuncian la falta de suministros básicos en los centros

18.09.2019 00:00 h.
5 min

El administrador concursal de Ombuds, el letrado Ferran Zaragoza del bufete Baker Tilly, ha mostrado ante la plantilla del tercer grupo de seguridad privada del país su optimismo en superar la quiebra en la que está inmersa. Incluso ha adelantado que cuenta con el vistobueno inicial de los dos principales acreedores, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para alcanzar el ansiado convenio. Eso sí, cuando llegue el momento procesal adecuado.

Cuenta ya con un gesto a favor de los dos principales damnificados de la suspensión de pagos. Ambas instituciones públicas se reparten 40 de los 100 millones en que se estima que está fijado el pasivo inicial de la empresa propiedad del fondo estadounidense JZI y de la familia Cortina. Antes de que la dirección reconociera la insolvencia de las dos sociedades con las que trabaja ante el juez a finales de julio, habían activado más de 300 peticiones de embargo para intentar recuperar parte de las cantidades adeudadas.

Levantamiento de los embargos

Zaragoza ha relatado en un reciente encuentro ante la plantilla que esta realidad, unida a la no renovación de las líneas de factoring con las que trabajaba Ombuds, llevó al “bloqueo financiero” de la empresa que derivó con los impagos a la plantilla. Pero tras la intervención de la gestión patrimonial de la empresa a finales de julio se logró levantar los embargos. La única condición que parece ser que los responsables de Hacienda y la Seguridad Social han puesto es que el bufete demuestre que puede mantener la actividad.

Este es el principal objetivo de Baker Tilly. En los dos meses que lleva como fiscalizador de la compañía también ha logrado que el pool bancario que se encargaba del circulante --con Banco Santander, el Sabadell y Bankinter como principales implicados-- dé oxígeno económico a Ombuds un año más.

Orden judicial inédita

Los letrados consiguieron el cambio de criterio de las entidades gracias a una orden judicial inédita. Aprovecharon un error en la notificación de Bankia de que cerraban el grifo del crédito a la empresa, tal y como explican fuentes del bufete, para pedir a la titular del Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, que obligara a la banca a renovar el factoring.

En agosto llegó la resolución de la magistrada. Dio más margen a los administradores para buscar una salida que dé continuidad a la actividad de vigilancia privada.

8.000 empleados atrapados

Aún ni siquiera se ha completado el informe concursal de la quiebra, pero en Baker Tilly se espera sacar adelante el convenio de esta quiebra que ha atrapado a casi 8.000 trabajadores en todo el país. Una plantilla que se ha reducido a la mitad tras la resolución de contratos por el incumplimiento de los servicios.

La mayoría de los empleados han cobrado el grueso de la nómina de julio y de agosto, y Zaragoza ha prometido que hará todo lo posible para que septiembre también se pague antes de que termine el mes. Con todo, aún se les adeudan cantidades de antes de la declaración del concurso.

Denuncias de los trabajadores

Este es el principal motivo de que continúen en pie de guerra. Denuncian que les faltan suministros básicos, como el servicio eléctrico en algunas oficinas en el sur o tinta para las impresoras y fotocopiadoras que se usan en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Los empleados de esta partida, representados por ADN Sindical, mantienen su petición de que la Generalitat rescinda el contrato con la empresa y subrogue la actividad a otra firma del sector.

Advierten de que faltan como mínimo una decena de efectivos para cubrir las necesidades de vigilancia cuando se inicie el nuevo curso judicial, y recuerdan que el anuncio de que se acababa el contrato por incumplimiento se cursó antes de que se reconociera la quiebra, por lo que puede proseguir sin impedimentos legales. Esperan a que la magistrada Córdoba resuelva este y otros incidentes para saber la continuidad de las concesiones.

Por ahora, la continuidad de los contratos sigue en el aire.