La actualización del convenio laboral de las empresas del tercer sector que trabajan con menores y familias en situación de riesgo lleva dos años paralizada. La última vez que los agentes sociales se reunieron con La Confederació, la patronal del ramo, fue en febrero de 2019. Desde entonces, las diferencias acerca de las subidas salariales han suspendido por completo los contactos.
Ni siquiera la dotación extraordinaria que el Govern aprobó en noviembre ha facilitado el desbloqueo de la negociación. Al contrario: CCOO y UGT lamentan que las compañías que prestan estos servicios no destinen parte del incremento de las tarifas a mejorar los sueldos del personal. Para ambas organizaciones, la propuesta de La Confederació (un 1% con efectos retroactivos en enero de 2020 y un 0,5% en 2021) queda muy lejos del 3% para ambos años que plantean los sindicatos.
Enroque empresarial
"Se trata de 35 millones de euros que la mayoría de empresas se niegan a repercutir sobre la plantilla", afirma Antonio Gutiérrez, delegado de Acción Social de FeSP-UGT. Precisamente, uno de los argumentos blandidos por la patronal para negarse a revisar los salarios era la ausencia de un aumento de los módulos por parte de la Generalitat.
Los trabajadores reprochan que no se hayan producido cambios tras los recursos extra desplegados por el gobierno autonómico. "Muchas empresas se guían por un mercantilismo puro y duro. Se justifican en que las tablas salariales aún no han recogido este incremento, pero a la vez se niegan a incluirlas en el nuevo convenio que lleva en ultractividad desde 2018", explica Gutiérrez. Durante los últimos diez años, los agentes sociales recuerdan que solo se ha acumulado un alza del 1,2% (un 0,8% en 2017 y un 0,4% en 2018).
Aviso a la DGAIA
Es más: el decreto ley de medidas extraordinarias contra el Covid-19 que incluyó la revisión de las tarifas apunta en la dirección de los sindicatos. Así dice su artículo 13: "La finalidad del incremento de tarifas y precios [...] es promover, necesariamente, una mejora de las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadores profesionales de la red de servicios sociales de atención pública, con el objetivo de mejorar [...] la calidad del servicio público prestado a la ciudadanía".
"En enero haremos un escrito a DGAIA para que aplique la subida en los centros concertados", avanza el representante. "No puede ser que la DGAIA se lave las manos y no interceda en una cuestión sobre la cual tiene una obligación moral", concluye. A preguntas de Crónica Global, La Confederació no ha entrado a valorar este conflicto laboral.
