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Eloi Badia, concejal de Presidencia

Los municipios afectados por la subida del agua de ATLL piden la suspensión

El AMB, el Consorci Besòs-Tordera y la FMC interpondrán un recurso contencioso-administrativo para frenar el aumento del 11,8% en la tarifa

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El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consorci Besòs-Tordera y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) interpondrán esta semana un recurso contencioso-administrativo y pedirán la suspensión cautelar de la subida del 11,8% de la tarifa del agua en alta de Aigües Ter Llobregat (ATLL).

Lo han anunciado en rueda de prensa este lunes el vicepresidente de Medio Ambiente del AMB, Eloi Badia, y el presidente del consorcio y vocal del comité ejecutivo de la FMC, Sergi Mingote, después de que el consejo de administración de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aprobara en diciembre este incremento del 11,8% de la tarifa del agua en alta de ATLL.

Pesa sobre los ciudadanos

Esta subida, que si se aplica supondrá una media de un euro por familia al mes, afecta a cerca de cinco millones de ciudadanos, han destacado, y la han tachado de injustificada y desproporcionada, porque está por encima del IPC y porque el contrato de ATLL está pendiente de sentencia, por lo que su situación jurídica "no avala esta subida", según Badia.

Critican que la subida no responde a ninguna mejora del servicio y que carga el encarecimiento de un servicio indispensable a los entes locales y a la ciudadanía: "La presión se traslada al mundo local, y el mundo local la deberá trasladar en gran parte a la mayoría de ciudadanos", ha lamentado Badia, que ha dicho que la subida implica unos diez millones de euros en el área metropolitana.

A partir de marzo

 

Mingote ha coincidido en lamentar que se genera una presión al ámbito municipal que se traducirá en un incremento de precios para los ciudadanos, que empezarán a notar el incremento en el recibo del agua a partir de marzo si no se suspende cautelarmente, ha detallado a preguntas de los medios.

El Tribunal Supremo (TS) emitirá próximamente el fallo sobre los recursos presentados a la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la adjudicación del contrato de gestión de ATLL, que la Generalitat adjudicó en 2012 para los siguientes 50 años a un consorcio que pagó 1.000 millones de euros por ello.