Colau multará con 6.000 euros a quienes alquilen habitaciones a turistas

Multas menores, pero multas. El gobierno municipal de Barcelona, que comanda Ada Colau, sancionará con hasta 6.001 euros a los vecinos que compartan piso con turistas. El consistorio ha anunciado hoy un nuevo régimen sancionador para el homesharing después de prohibirlo en febrero y rechazar su regulación la semana pasada. 

Ha detallado las nuevas sanciones la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, quien ha vendido hoy el anuncio de una instrucción municipal, aún no publicada, que regulará a la baja las multas por alquilar pisos a turistas sin licencia. El documento fijará nuevos criterios, rebajando a 6.001 euros el monto de las multas por alquilar parte de un piso a visitantes, el llamado homesharing. 

Hasta 6.001 euros, la mitad con vulnerabilidad

Las nuevas sanciones contra los pisos turísticos sin licencia, "graves", totalizarán 6.001 euros si la actividad se desempeña en la primera residencia, si no hay antecedentes, si hay cese voluntario por parte del infractor, si solo se hace en un piso y si el multado no tiene más pisos vacacionales. 

La sanción será de 3.000 euros si el vecino está en situación de vulnerabilidad, que tendrá que acreditar. Por el contrario, la penalización llegará a los 9.001 euros si hay más de 10 comentarios en plataformas describiendo el piso, si hay constancia de molestias a vecinos y si hay evidencia de "reiteración", algo que el ayuntamiento cotejará con la Guardia Urbana de Barcelona e inspectores y peinando internet. 

Apunta, de nuevo, a Airbnb

El nuevo régimen sancionador contra los pisos turísticos en Barcelona lo justifica el gobierno municipal con el argumento de que la actividad inspectora ha permitido "identificar a redes organizadas de profesionales individuales dedicados a alquilar viviendas a través de las plataformas". 

El bipartito de BComú y PSC --partido que sí está a favor del homesharing-- admite también que hay "personas individuales que alquilaban su piso de forma ocasional y esporádica para complementar sus ingresos". Ello generó sanciones "desproporcionadas y que ponen en riesgo la economía familiar". En este caso, el gobierno local culpa a las plataformas, como Airbnb, a las que afea que hicieran creer a los vecinos que "actúan bajo la idea promovida por los propios portales que hacer de anfitriones y ofrecer su vivienda para estancias cortas --menos de 31 días-- era una actividad legal permitida". 

El Govern ha pedido regular el 'homesharing'

Desde 2016 hasta hoy, los inspectores del ayuntamiento y la Guardia Urbana de Barcelona han impuesto 9.077 sanciones a pisos turísticos sin licencia con arreglo a la Ley de Turismo de Cataluña. Los importes, como avanzó este medio, llegan a los 600.000 euros. 

Se da la paradoja de que algunos de estos correctivos son por alquilar parte de la vivienda habitual a turistas, el llamado homesharing o alquiler de habitaciones sueltas a visitantes. Se trata de una actividad que el Govern pidió regular a los ayuntamientos. Lo hizo por medio del Decreto de Turismo de Cataluña, emitido en agosto de 2020, y que legaliza la actividad, pero da la última palabra a los entes locales. Barcelona, en este caso, no solo la ha prohibido, sino que ahora aprueba nuevas multas.