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Pañales para adultos de la marca Ausonia.

Multa de 129 millones por formar cártel con los pañales para adultos

La CNMC incluye por primera vez en la sanción a directivos de las empresas que montaron una trama que incrementó un 40% los precios de manera artificial

Redacción
4 min

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 128,8 millones a 8 fabricantes de productos absorbentes para la incontinencia urinaria en adultos, la Federación Española de Fabricantes (Fenin) y cuatro directivos por formar un cártel para fijar precios desde al menos 1996.

Se trata de una de las mayores multas que impone el organismo regulador que, por primera vez, ha sancionado a cuatro directivos de empresas y de la federación empresarial por participar de estas conductas contrarias a la competencia.

La empresa delatora

Según ha explicado Competencia en un comunicado difundido hoy, a Procter & Gamble, uno de los fabricantes multados y que desveló la existencia del cártel a la CNMC, mediante el programa de clemencia, se le ha eximido del pago de la multa.

En concreto, a Arbora & Ausonia y su sucesora Procter & Gamble España se le había impuesto una sanción de 68,5 millones de euros, un importe del que se acordaba que respondiese solidariamente la matriz The Procter & Gamble Company hasta un importe de 3,4 millones.

Unos 18 años de trampas

La CNMC considera que, desde al menos 1996 y hasta enero de 2014, estas empresas y la federación llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta de los absorbentes financiados por la Seguridad Social que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados y aplicaron sobreprecios de hasta el 40% a lo largo de toda la cadena.

En concreto, la CNMC considera que Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España); Laboratorios Indas; SCA Hygiene Products; Laboratorios Hartmann; Ontex ID; Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, y con la colaboración de Fenin, llegaron a acuerdos para fijar precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias.

Una vez eximida Arbora & Ausonia, las empresas efectivamente multadas son SCA Hygiene Productos (35,1 millones), Laboratorios Indas (13,2 millones), Ontex Peninsular (5,1 millones), Laboratorios Hartmann (4 millones), Barna Import Medica (1,4 millones), Textil Planas Oliveras (0,8 millones) y Algodones del Bages (0,25 millones).

Adicionalmente, Competencia ha sancionado a Fenin (0,2 millones) y a cuatro directivos, dos de Fenin (Margarita Alfonsel, con 6.000 euros y María Aláez, con 4.000 euros), uno de A&A (Jordi Boza, con 15.000 euros) y otro de Indas (Javier Martín, con 4.000 euros).

Colegios y mayoristas

Las empresas sancionadas fijaron los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (colegios oficiales de farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios) desde al menos diciembre de 1996 hasta junio de 2010.

De esta manera, el sobreprecio afectaba tanto al consumidor final como al propio Servicio Nacional de Salud, que financia parte de estos productos.

Además, las empresas participantes habrían utilizado una estrategia de interposición de recursos administrativos o contencioso-administrativos frente a las licitaciones públicas convocadas por las autoridades sanitarias de distintas comunidades autónomas para adquirir y entregar directamente el producto a pacientes no hospitalizados, como residencias de ancianos o centros de atención primaria. Con ello, añade la CNMC, perseguían mantener los ingresos competitivos que les genera su comercialización a través del canal farmacia.

El 95% del mercado

El alcance de la conducta que se sanciona en este expediente es especialmente significativo, indica la CNMC, ya que la cuota de mercado conjunta de las entidades infractoras en el mercado es del 95% y se trata de un producto que afecta a unos 2,5 millones de personas de edad avanzada o con discapacidad.

Contra esta resolución no cabe recurso por vía administrativa, aunque los afectados pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.