Los Mossos dudan del destino de las subvenciones del tercer sindicato catalán

La causa abierta contra el tercer sindicato catalán, la Unión Sindical Obrera de Cataluña (USOC), el caso Astrea, incide en el destino real de las subvenciones públicas que recibió la organización entre 2009 y 2015. El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona tiene desde el verano pasado un informe de Mossos d’Esquadra sobre la mesa en el que los agentes que han peinado los movimientos económicos en el seno de la organización advierten de un presunto delito de “fraude de subvenciones”, entre otras irregularidades contables que están en el punto de mira judicial.

En el curso de la investigación se han estudiado los “movimientos bancarios” entre el sindicato y dos de sus empresas vinculadas, Serveis i Imatge SL y AFPES, los grupos que se encargaban de las ediciones impresas de la organización y del aula formativa, respectivamente. Según el documento de los Mossos incluido en la causa, el análisis de esa información se hizo con el objetivo de “analizar y concretar el destino final que han tenido todas y cada una de las diferentes subvenciones públicas recibidas por USOC”.

Más de 3,2 millones públicos en seis años

Se trata de más 3,2 millones de euros que la Generalitat de Cataluña principalmente otorgaba para que se pusieran en marcha programas formativos enfocados a diferentes perfiles. “Cursos monotemáticos como puede ser la atención especializada en enfermos de Alzheimer, aprendizaje de idiomas, etc.”, indican los investigadores.

Los agentes señalaron que la fiscalización sobre el destino de las aportaciones públicas fue insuficiente y concluyen que varios inspectores de trabajo ya habían advertido de los problemas en los controles internos. Detallan varios casos, como el de un curso que se realizó en 2010 en el que 13 personas aprobaron el examen final a pesar de que solo ocho se presentaron a la prueba. Dos de los sujetos que fueron declarados aptos eran asalariados de AFPES en el momento en el que se celebró la formación.

¿Aportaciones para las arcas del sindicato?

También se reportaron incidencias en la “documentación entregada a los alumnos y en algunos casos incluso se informaba de que no quedaba claro el tema de la asistencia, sin más especificación”.

Ninguna de las advertencias de los inspectores prosperó. A pesar de todo, lo que más sorprendió a los agentes encargados de la causa fue que en las reuniones de la antigua cúpula del sindicato queda constancia de que la misma exsecretaria general, Antonia Gil, admitía que las aportaciones públicas “generaban ingentes cantidades de dinero para el sindicato”.

Mordidas arbitrarias entre cargos de USOC

“A la vista del contenido de dichas conversaciones grabadas, se observa claramente como las subvenciones que recibían iban a parar, al menos en parte, a sueldos de altos cargos del sindicato así como a las arcas [de la organización]”, concluyen los Mossos. Concretamente, a ciertos complementos que recibían de forma arbitraria “asalariados del sindicato o de cualquiera otra entidad, que se abonaban al margen de las obligaciones fiscales establecidas por la legalidad vigente”.

El cómputo total que advierten los agentes encargados de la organización asciende a 486.009,36 euros en seis años.

Práctica instaurada desde hacía años

Del mismo modo, afirman que es “muy probable que esta práctica lleve instaurada en USOC desde hace muchos años”. Incluso mientras se aplicaron dos expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente falsos, ya que la inmensa mayoría del personal afectado por la reestructuración prosiguió con su trabajo en el sindicato bajo una presunta coacción de la cúpula, según consta en la denuncia que inició el caso.

En las escuchas telefónicas realizadas a Gil y otros altos cargos de la organización se hace referencia en varias ocasiones al pago de estas mordidas. Los investigadores del cuerpo de seguridad incluso han aportado al juzgado una lista de todas las personas que se beneficiaron de los complementos presuntamente ocultos al fisco donde aparece el nombre de la sustituta de Gil en el cargo de secretaria general de USOC, María Recuero.

El relevo en la organización se realizó de forma paralela en el inicio de las pesquisas a las cuentas del sindicato.

Fiscalía no advierte delito penal

Los portavoces de USOC mantienen que el sindicato colabora en el caso Astrea para esclarecer todas las dudas sobre los supuestos delitos que se imputan al sindicato. Asimismo, hacen referencia a un documento de Fiscalía posterior a la publicación del informe de Mossos d’Esquadra en el que el Ministerio no advierte ningún delito penal en el proceder de la organización.

Fuentes cercanas a la actual cúpula de la organización esperan que la magistrada de Instrucción 2 de Barcelona inicie el proceso judicial para resolver todas las dudas vertidas sobre la organización del tercer sindicato catalán.