Montoro acelera un pacto de Colau y Junqueras para ampliar el metro

El ministro de Hacienda y de Función Pública, Cristóbal Montoro, ha dado un acelerón a un pacto que la vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat había firmado con el Ayuntamiento de Barcelona a finales de 2016 para financiar la prolongación de las líneas 9 y 10 del metro. Un acuerdo que pasa por ceder al consistorio liderado por Ada Colau tres fincas ubicadas en el ámbito Can Batlló-La Magòria valoradas en 10,22 millones de euros sin impuestos.

Así constaba en el acuerdo rubricado por el entonces máximo responsable de las finanzas catalanas, Oriol Junqueras, y la alcaldesa de Barcelona en diciembre de 2016. No fue hasta noviembre de 2017 que se otorgó la licencia de parcelación de las fincas afectadas por la cesión urbanística. Llegó días después de la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución tras la declaración simbólica de la república.

Complejidad urbanística

La dirección general de Patrimonio de la Generalitat estableció el precio de los inmuebles el pasado 11 de diciembre, tal y como consta en el expediente de la llamada alineación directa. El cambio de propietario se ejecuta tres meses después.

Los portavoces del Govern indican que se ha mantenido el calendario previsto. Otras fuentes del Ejecutivo señalan que se han topado con cierta complejidad urbanística. Especialmente a la hora de transmitir la propiedad de la finca en la que está situado el centro cívico de la antigua estación de la Magòria, catalogada parcialmente como un bien patrimonial.

Nuevas estaciones

El cambio de propietario ejecutado este marzo facilitará la puesta en marcha de las estaciones de Foneria y Foc Cistell, situadas en el paseo de la Zona Frana, el próximo agosto. Fuentes del Departamento de Territorio y Sostenibilitat aseguran que la ejecución del proyecto sigue los plazos previstos. Se mantiene la planificación de esta inauguración y la de dos nuevas paradas en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 2019.

Una ampliación del metro hacia el barrio de la Marina de Barcelona que se reclama por el auge de la zona en el mercado de oficinas. Es uno de los crecimientos naturales de la ciudad con nuevas promociones que albergan, entre otros, la Agencia Tributaria Catalana y el grupo Aguas de Barcelona.

Además, está previsto que casi 3.000 funcionarios de la Generalitat se trasladen a una nueva sede de varios departamentos, entre ellos la vicepresidencia de Economía, que deberá estar terminado en 2019. La llamada Ciudad de los funcionarios que CCOO de Cataluña denunció a Antifraude.

Acuerdo entre Colau y Montoro

El pacto que Junqueras y Colau suscribieron a finales de 2016 implicaba el traspaso de otros activos, además de las tres fincas enajenadas este mes. Alcanzaba los 40 millones de euros, ya que el paquete inmobiliario incluía también cinco solares y parte de las antiguas cocheras de Borbó, en Nou Barris.

El consistorio aseguró que destinaría estos edificios a equipamientos y vivienda pública, la gran asignatura pendiente de la legislatura en Barcelona que ha provocado que incluso la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) criticase a BComú.