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Un grupo de trabajadores de la planta de Lafarge en Montcada i Reixac / EP

Montcada intenta cerrar la factoría de Lafarge ante el TSJC

El ayuntamiento ha presentado un recurso contencioso-administrativo para revocar la renovación de la licencia ambiental del centro de trabajo otorgada en diciembre

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El Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), encabezado por Laura Campos (ICV), ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con el que busca que se paralice la actividad en la empresa cementera del municipio, Lafarge. Concretamente, pide a los magistrados que anulen la renovación de la licencia que la secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat le otorgó el pasado 12 de diciembre.

Un movimiento que se une al de los vecinos del barrio más próximo al centro de trabajo, Can Sant Joan. Presentaron en enero un recurso ante el alto tribunal catalán en el que denunciaban que la Generalitat había incumplido las resoluciones judiciales que anulaban la autorización en esta materia que la compañía había obtenido en 2010. Cuestión que imposibilitaría, según sus alegaciones, la obtención de nuevos permisos.

Falta de interlocución

El ayuntamiento ha abundado en esta cuestión. Anunció su movimiento judicial a los partidos de la oposición durante una reunión de la junta del gobierno municipal. No fue comunicado a nadie de Lafarge, ya que la interlocución entre el consistorio y los responsables de la factoría es nula, indican fuentes municipales.

El TJSC ha admitido a trámite ambos recursos. Propician un nuevo pulso judicial que se puede prolongar durante años. El ayuntamiento y los vecinos denuncian que la actividad cementera no ha lugar en el entorno verde en el que está situada la factoría, una zona de protección especial.

Inversiones para limitar emisiones

Por su parte, los portavoces de la empresa señalan la movilización de más de 80 millones de euros en los últimos diez años en implementar medidas en la factoría centenaria para limitar al máximo las emisiones. Además, ponen de relieve el trabajo que se realiza dentro de la multinacional cementera en la que está integrada para detectar e implementar innovaciones en este campo.

Recuerdan que, de hecho, la renovación de la licencia medioambiental que se ha recurrido ante el TSJC es la constatación de que la filial de Lafarge cumple con la directiva marco europea que las limita. Un proceso que se inició en 2013 y que se culminó “en tiempo y forma”, según su valoración. 

Pronunciamiento del ayuntamiento

“La fábrica ha superado todos los controles e inspecciones ambientales que se han realizado”, añaden los mismos interlocutores. Un proceso que es competencia de la Generalitat y que en la tramitación que se someterá al criterio del TSJC también implicó el pronunciamiento del consistorio liderado por Campos.

Concretamente, el ayuntamiento emitió un “informe relativo a los aspectos ambientales sobre los que tiene competencia”, señala el expediente publicitado. Es decir, los de ruidos y vibraciones; calor; olores y abocamientos en el sistema público de saneamiento local. Las conclusiones a las que llegó fueron positivas, aunque solicitó “añadir nuevas”. Aunque las alegaciones que presentaron fueron rechazadas porque chocaban con las atribuciones del Govern en el control medioambiental de la actividad cementera. 

Resolución judicial

Será la sección de lo contencioso-administrativo del TSJC la que decida finalmente si ha existido o no un fallo en la tramitación del permiso medioambiental. Sin esta autorización, el día a día en Lafarge en Montcada i Reixac se complica.

La factoría da empleo en estos momentos a unas 300 personas.