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Una promoción de pisos vacíos en Barcelona / EUROPA PRESS

Más de un millón de euros para vigilar pisos vacíos de la Generalitat

La Agencia Catalana de la Vivienda abre un concurso público para contratar durante un año a los vigilantes de las viviendas vacías

6 min

La Agencia Catalana de la Vivienda busca a la empresa que se encargará de vigilar los inmuebles vacíos que gestiona. La compañía de la Generalitat ha abierto una licitación que asciende a los 900.796,60 euros con IVA, el presupuesto máximo para un contrato de un año de vigencia ampliable a otro más.

A ello se le debe sumar otros 114.900 euros que se destinarán al resguardo de las viviendas vacías que la empresa pública ha comprado al ejercer su derecho de tanteo y retracto en las operaciones afectadas por ejecuciones de hipotecas. En este caso, la licitación tan sólo durará ocho meses.

Parque de pisos vacíos

El servicio requerido incluye tanto las rondas durante las 24 horas del día como el control a través de las 45 alarmas que actualmente tiene desplegadas por el territorio. El número exacto de viviendas que deberá cubrir el licitador no está estipulada en los pliegos de condiciones del contrato por la movilidad que existe en la cartera de inmuebles en gestión, indica fuentes de la empresa pública.

Promoción de obra nueva / EFE

Promoción de obra nueva / EFE

De hecho, es una de las claves del funcionamiento diario de la Agencia Catalana de la Vivienda. La primera cifra que divulgó fue la de 79.331 pisos que promotores y entidades financieras retenían sin poder vender o arrendar en 2013. Fue el único ejercicio en el que la radiografía se divulgó de forma tan transparente. Tres años más tarde, aseguró que las entidades financieras contaban con 47.000 viviendas formalmente sin inquilino.

Ahora, plantea la transformación de 10.000 locales comerciales vacíos en vivienda, tal y como indicó este martes la directora general de Comercio de la Generalitat, Muntsa Vilalta. Un plan que busca dar una respuesta a la falta de inmuebles en ciudades como Barcelona pero que choca con la propia normativa municipal, ya que no reciben cédula de habitabilidad.  El stock de establecimientos sin ocupantes alcanza las 30.281 unidades.

Ocupación ilegal

Uno de los objetivos de la Agencia Catalana de la Vivienda es buscar a un arrendador o propietario mediante una fórmula de acceso con un fuerte componente social. El problema, según explican desde entidades del Tercer Sector, es que la política que se quiere emprender desde el organismo público choca con las ocupaciones ilegales de las viviendas.

Movimiento de la PAH en Sabadell en 2014 para frenar el desalojo de un bloque de pisos / YOUTUBE

Movimiento de la PAH en Sabadell en 2014 para frenar el desalojo de un bloque de pisos / YOUTUBE

Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el trampolín de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recomendaba esta práctica en plena crisis como una solución para el creciente número de familias en riesgo de exclusión a las que Servicios Sociales no podía dar respuesta por el colapso que vivía. Incluso trabajaron con algunos ayuntamientos, como el de Sabadell, para mediar con los bancos que eran propietarios de los inmuebles ocupados con el fin de formalizar alquileres sociales.

Mafias para facilitar la entrada

Pero ello ha derivado en el surgimiento de auténticas mafias que facilitan la entrada a pisos vacíos, indican las fuentes consultadas. Grupos organizados que detectan pisos vacíos de todo tipo --de bancos, fondos o propietarios privados-- y que cobran un porcentaje para facilitar la primera entrad en el domicilio afectado.

Los interlocutores también identifican los choques que generan en la convivencia de las comunidades de vecinos. Desencuentros que han derivado incluso en denuncias por el sobrecoste de la luz o el agua de la escalera al pinchar el servicio. O por las derramas en cambiar las cerraduras, elementos de las fachadas o del interior de las fincas en la acción.

Dificultades en vaciar los pisos

Vaciar los pisos ocupados de forma ilegal tampoco es tarea sencilla. Lleva a un proceso judicial largo que termina con una intervención de los Mossos d’Esquadra​ que no siempre concluye con éxito. Por ello la fórmula que resulta más garantista desde la óptica del propietario es la de la vigilancia. Cuestión que reconoce incluso la Generalitat en el marco del concurso público que ha abierto.

Imagen de archivo de un vigilante de seguridad privada / CG

Imagen de archivo de un vigilante de seguridad privada / CG

Los interesados en pujar por el contrato tienen hasta el próximo 13 de abril para presentar ofertas. Cinco días hábiles después de esa fecha se realizará la apertura de plicas y la consiguiente adjudicación del contrato. El plazo es más corto para los vigilantes de los inmuebles que la Agencia Catalana de la Vivienda ha comprado. Expira en una semana, el 28 de marzo.

La llave de la adjudicación está en la oferta económica. El 60% de la licitación dependerá de la cifra final de los interesados, otro 30% vendrá de criterios subjetivos y el porcentaje restante de cuestiones automáticas.