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El jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí (izquierda), y el ministro de Finanzas, Jordi Cinca (derecha)

Medio millar de clientes del andorrano BPA preparan denuncias contra el Gobierno

Dos abogadas del Principado lideran al grupo de usuarios afectados por la intervención del banco por parte de la administración del país pirenaico

Redacción
2 min

El caso BPA amenaza con seriedad al Gobierno de Andorra, y en especial a su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, y al propio presidente, Antoni Martí. El tiempo transcurrido desde que el Ejecutivo del Estado pirenaico decidiera intervenir Banca Privada d’Andorra (BPA) se ha revelado insostenible para muchos de los clientes que tienen afectados sus ahorros o sus intereses patrimoniales en el banco nacionalizado.

La lentitud con la que está resolviéndose el caso, la ausencia de informaciones claras que justifiquen la actuación de Martí y de su gobierno, no sólo han despertado las sospechas sobre la arbitrariedad posible en la medida adoptada. También han incendiado la paciencia de quienes como este grupo, 'Plataforma de clientes afectados BPA', han decidido tomar la iniciativa y "obtener la salvaguarda de los derechos e intereses de todos aquellos perjudicados por la intervención bancaria", según una nota hecha pública.

Apoderamientos de clientes

Los clientes críticos con el Ejecutivo andorrano de Martí anuncian que interpondrán una demanda de acción colectiva contra la administración de Andorra. Gema Martínez y Anna Solé, ambas letradas del país, son las dos juristas encargadas de emprender las acciones legales. En las últimas horas están recogiendo los apoderamientos entre los clientes para ir contra el Ejecutivo que intervino BPA tras una nota del organismo estadounidense del Tesoro (Fincen) que ponía en entredicho prácticas del banco propiedad de la familia Cierco.

Con esta iniciativa de los clientes, el caso puede judicializarse aún más: los antiguos propietarios iniciaron acciones legales contra su propio país, y llevaron su protesta jurídica hasta EEUU para solicitar la nulidad de las medidas adoptadas.