La vicepresidenta tercera y minsitra de Transición Ecológica, Teresa Ribera / EP

La vicepresidenta tercera y minsitra de Transición Ecológica, Teresa Ribera / EP

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Las medidas de ahorro bajan el consumo eléctrico pero menos de lo esperado

La demanda se reduce tres veces más desde que entró en vigor el Real Decreto Ley pero el recorte, en torno al 3,5% respecto a 2021, está lejos del objetivo del Gobierno

14 octubre, 2022 00:00

La entrada en vigor del paquete de medidas ahorro energético aprobado por el Gobierno a comienzos de agosto ha tenido un apreciable efecto sobre la demanda y el consumo eléctricos aunque éste queda sensible alejado del objetivo marcado en su día por el Ejecutivo, con una cifra en torno al 15%. Tras dos meses de aplicación, el recorte en relación con el ejercicio precedente se sitúa alrededor del 3,6%.

Este ha sido el resultado numérico respecto al mismo periodo de 2021 si se cuenta desde que el Real Decreto Ley a través del que se articuló el conjunto de medidas de ahorro se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento (el pasado 10 de agosto), hasta este jueves. 

 

La comparativa con un plazo algo más amplio ofrece una visión más clara de hasta qué punto la aplicación de las medidas se ha dejado sentir en el sistema. Desde que comenzó el año, la demanda eléctrica ha descendido apenas un 1,1% en relación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos registrados por Redeia (la antigua Red Eléctrica). 

De este modo, el recorte que se ha producido desde que se puso en marcha el plan ha superado en más de tres veces la disminución media del conjunto del año, que se puede atribuir en gran medida al ajuste que viene dado año a año por el incremento de la eficiencia energética

Superior al conjunto del año

La comparativa resulta más significativa con años anteriores, en los que la demanda de energía en general fue sensiblemente más elevada, al margen de las cifras registradas en 2020, el ejercicio que se vio más afectado por las restricciones de la actividad económica derivadas de la pandemia. 

Así, entre el 10 de agosto y la jornada de este jueves, el consumo ha sido un 7,2% inferior al que se dio en idéntico periodo de 2019; si se comparan las cifras del acumulado del año, la rebaja fue del 4,2%. Trasladada a 2018, la rebaja en el periodo de dos meses de aplicación de las medidas de ahorro es del 8,2%, con una reducción del 6% en el conjunto del ejercicio.

Límites de temperatura

Todas las cifras ponen de manifiesto la eficacia de las medidas pero también que, incluso en los casos más acusados, se quedan lejos de unos objetivos de reducción del 15% que ya fueron considerados como demasiado ambiciosos cuando el Gobierno los puso encima de la mesa para justificar el plan de ahorro. 

Entre las medidas se incluían límites para las temperaturas máxima y mínima en verano e invierno en edificios públicos, locales comerciales y centros de trabajo, así como la obligación de suspender la iluminación de escaparates y monumentos a partir de las 22 horas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera / EP

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera / EP

En línea con la UE

La decisión se basa en la conveniencia de ahorrar energía ante las más que previsibles dificultades que llegarán debido al recorte del suministro energético proveniente de Rusia a consecuencia de la respuesta por parte del gobierno liderado por Vladimir Putin a las sanciones que la comunidad internacional le ha impuesto por la invasión de Ucrania, que ya se prologa por cerca de ocho meses.

La Unión Europea ha hecho un llamamiento a los países miembros a adoptar medidas con vistas a rebajar el consumo ante los riesgos de una crisis que derive en cortes frecuentes del suministro, especialmente en los países centroeuropeos, más dependientes del petróleo y el gas rusos. 

Matices

En España, las medidas no han estado exentas de polémica por su potencial colusión con normativas y reglamentos ya existentes, especialmente en el ámbito laboral, además de por posibles efectos negativos en la actividad comercial e, incluso, en la seguridad urbana debido a la menor iluminación en las calles, pese a que el plan no afecta al alumbrado público.

Tanto fue así que el Gobierno tuvo que salir en varias ocasiones, a través de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a matizar públicamente el contenido del plan, especialmente en lo referido a su condición de flexibilidad en función los casos particulares.