La fiscalía controlará a la matriz del grupo Mediapro durante tres años en Estados Unidos tras admitir sobornos. Imagina, empresa madre del grupo audiovisual que comanda Jaume Roures, quedará bajo la lupa del Departamento de Justicia de EEUU después de pactar un acuerdo de culpabilidad por pagos irregulares a directivos de federaciones de fútbol en el Caribe y Centroamérica a cambio de la adjudicación de derechos televisivos.
Según el documento aportado por la fiscalía del distrito Este de Nueva York a los abogados de Imagina, la pata del conglomerado en Estados Unidos quedará sometido a un control más estricto de lo inicialmente anunciado. Si bien la acusación admite que la matriz de Mediapro inició una investigación interna y echó a tres directivos tras los sobornos en Suramérica entre 2008 y 2015, además de implementar un programa de cumplimiento o compliance, ello no es suficiente. La compañía de derechos audiovisuales queda bajo control de la administración durante la duración del acuerdo, que inicialmente es de tres años.
Control anticorrupción
Así, las autoridades de Estados Unidos aceptan el programa de cumplimiento de Imagina, pero alertan de que debe ir más allá. Imagina, la herramienta de Jaume Roures para controlar los derechos de emisión del fútbol en una treintena de países, deberá modificar dichos controles internos y establecer nuevos filtros que permitan una estricta vigilancia financiera y políticas anticorrupción que incluyan auditorías internas y cortafuegos para evitar violaciones de la ley de corrupción extranjera en EEUU (FCPA, por sus siglas en inglés).
Dichos mecanismos, basados en un control de riesgo centrado en la exposición a posibles sobornos, afectarán no sólo a la compañía en su totalidad, sino también a los directivos, altos cargos, la plantilla y personal externo que haga negocios en nombre de Imagina. En otras palabras, los agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, socios, adjudicadores y proveedores, consorcios y socios en joint ventures también estarán bajo el ojo fiscalizador de la fiscalía estadounidense. Una vez al año, Imagina deberá evaluar e informar del desarrollo de dicho programa a la oficina del fiscal, y éste la podrá enmendar o corregir.
Cambios societarios, bajo la lupa
Además de enviar un informe inicial de sus políticas anticorrupción al Departamento de Justicia de EEUU y de preparar dos más durante la duración del acuerdo de culpabilidad de los sobornos a cambio de derechos televisivos de fútbol, la matriz de Mediapro queda sujeta también al control de la fiscalía en posibles fusiones o adquisiciones de otras empresas o "cualquier otro cambio corporativo". Así, si la pata de Imagina en Estados Unidos desea "vender, fusionarse o transferir partes que son parte del negocio consolidado de la compañía", ésta deberá informar previamente al fiscal con un margen de al menos 30 días.
Hay más. Si la oficina del fiscal del distrito este de Nueva York determina que una operación, cualquiera que sea su forma, vulnera el acuerdo de culpabilidad por sobornos firmado por Imagina en EEUU, el letrado podrá vetarla, haciendo que "no se consume". Puede incluso el Departamento de Justicia hacer descarrilar las operaciones que Imagina trate de cerrar en Estados Unidos si cree que éstas "rompen o tratan de eludir" la admisión de culpabilidad del conglomerado que la ha librado de un castigo más severo que el pago de 21 millones de euros entre multas, indemnizaciones a las federaciones y el embargo de los beneficios de los sobornos.
Pagos a cambio de derechos
Precisamente, toda la arquitectura de vigilancia que ha impuesto la justicia de Estados Unidos al grupo que fundaron Jaume Roures y Tatxo Benet tiene su origen en los pagos ilícitos que la matriz de Mediapro, Imagina, realizó a directivos de federaciones de fútbol y al menos un alto cargo de la Fifa, el organismo que gobierna el fútbol mundial. El conglomerado ha admitido pagar sobornos a Jefrey Webb, exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), a cambio de los derechos de emisión de los partidos clasificatorios para los Mundiales de 2018 y 2022 en el Caribe.
Asimismo, la empresa madre de Mediapro ha admitido en el acuerdo alcanzado con la fiscalía que se produjeron sobornos o pagos irregulares a directivos de otras cuatro federaciones de fútbol en Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Para ello se utilizaron facturas falsas y cuentas en paraísos fiscales como Panamá. La trama criminal se organizó desde el cuartel de Media World, filial de Imagina, en Miami (Estados Unidos).
