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Jaume Roures, presidente de Mediapro, en una comparecencia pública anterior / EFE

La juez del 'caso sobornos' que salpica a Mediapro, implacable

Pamela Chen blinda el macroproceso por el presunto pago de 'mordidas' a cambio de derechos y protege a un testigo clave de la Fiscalía

5 min

Esgrima en la primera sesión del juicio del caso sobornos en Estados Unidos. La causa que coloca a Mediapro en una presunta trama criminal que habría pagado mordidas a cargos directivos del fútbol mundial cambio de derechos televisivos. La juez que preside la sala ha blindado el macroproceso de información que consideraba superflua y ha apuntalado a uno de los principales testigos de Fiscalía contra la supuesta organización corrupta.

La primera vista se ha celebrado en un juzgado del distrito este de Nueva York, donde se sigue el juicio --por videoconferencia, dadas las circunstancias pandémicas-- contra la presunta conspiración corrupta. La magistrada Pamela Chen ha dejado claro que en esta fase documental corresponde a las defensas demostrar que más información debe incorporarse al proceso y argumentar en favor de ello. Parte de esa documentación podría minar al exempresario deportivo argentino Alejandro Burzaco, uno de los testigos estrella de la acusación, que lleva Fiscalía. 

Arquitecto de la presunta trama

Ese nombre está grabado a fuego en las retinas de las defensas. Burzaco, exconsejero delegado de la empresa audiovisual Torneos, fue según él mismo reconoce uno de los arquitectos de la trama criminal que organizó el supuesto pago de comisiones a directivos de federaciones deportiva suramericanas. Al estallar el escándalo, comenzó a colaborar con la justicia. 

El testimonio de Burzaco planeó sobre el primer escrito de imputación de Fiscalía en 2015, el documento que acusó a una filial de Mediapro en EEUU de aliarse con otras empresas para pagar sobornos. Aquel primer caso acabó con un pacto entre el grupo audiovisual español y el ministerio público en EEUU que costó al conglomerado que preside Jaume Roures 21 millones. Pero en 2020, el Departamento de Justicia actualizó la imputación. La amplió en cargos y extensión. Gerard Romy, cofundador de Mediapro, pasaba a figurar como investigado. Ahora, de nuevo, la declaración de Burzaco será importante, entre otros, para dilucidar qué empresas y qué directivos incurrieron en conductas criminales. 

Contra Torneos

Quizá por ello las defensas han exigido que se aporte material de Torneos, la empresa de Burzaco. La juez Pamela Chen se ha mostrado contraria a aceptarlo, alegando que la documentación debe ser probatoria o determinantes para poder ser aceptada. Fiscalía se ha opuesto a la incorporación de la misma. 

¿Quién pedía esos documentos? Las defensas de Reynaldo Vázquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que fue entregado de su país a Estados Unidos para ser declarar por este asunto, como explicó este medio, la de Hernán López y Carlos Martínez, exejecutivos de Fox, y la de Full Play, empresa uruguaya de derechos audiovisuales que, cree la Fiscalía, habría formado parte de la trama criminal junto a una filial de Mediapro en Estados Unidos. 

Gerard Romy, fugado

El grupo español es, de momento, un espectador incómodo en un caso que le salpica. Fiscalía deberá demostrar lo que sostiene: que Gerard Romy, cofundador de Mediapro con Jaume Roures y Tatxo Benet, participó en la trama criminal para pagar sobornos a cambio de adjudicación de derechos televisivos de partidos de fútbol en Suramérica. El conglomerado ha defendido siempre que el caso se cerró con su primer pacto con la acusación logrado en 2018. No obstante, el segundo escrito de imputación implica a Romy. Desde entonces, el empresario se ha escapado de Estados Unidos, según la acusación

Tenga esa condición de fugado relación o no, Fiscalía ha recurrido a la ley Rico de Estados Unidos, diseñada para lidiar con organizaciones criminales en el país, para acusar a Romy y al resto de encausados. El representante del Departamento de Justicia deberá demostrar que tiene pruebas contra los investigados. Lo hará cuando el caso sobornos lleva seis años en marcha