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Jaume Roures, fundador de Mediapro, en una comparecencia / EFE

Así coloca la Fiscalía a Mediapro en una trama corrupta en Estados Unidos

El ministerio público desmonta la estrategia del grupo de Jaume Roures y vincula el conglomerado a una estructura criminal en el norte y el sur de América

12 min

Son las razones que esgrime Richard P. Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York (Estados Unidos), para vincular a Mediapro con un entramado corrupto y criminal que operó entre 2008 y 2015 en el norte y sur de América. A las puertas del juicio del caso Fifagate, que juzgará actividades delictivas en la venta de mercadotecnia, derechos televisivos y de patrocinio, el ministerio público no se muerde la lengua y coloca a Gerard Romy, fundador del grupo audiovisual junto a Jaume Roures y Tatxo Benet, en el centro de un esquema criminal que perjudicó al organismo rector del fútbol mundial, sí, pero también a toda la cadena deportiva que pende de la FIFA.

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El papel de Gerard Romy, cofundador de Mediapro, ex consejero delegado y ex mano derecha de Jaume Roures, en Estados Unidos / CG

En el auto de apertura de juicio al que ha accedido este medio, la Fiscalía presenta tras cinco años de investigación una batería de argumentos para argumentar que percibe indicios de delito en la conducta de Romy, a la sazón ex consejero delegado de Mediapro, mano derecha de Roures y representante de la compañía en Estados Unidos. La oficina de Donoghue desgrana con precisión los movimientos de Romy que ve supuestamente ilícitos, y que se plasman en cinco tipos penales que penden sobre el exsocio de Roures y que podrían acarrear décadas en la cárcel: organización criminal, conspiración para cometer fraude; fraude, lavado de capitales y conspiración para lavar capitales.

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La acusación del fiscal del distrito este de Nueva York contra los investigados, incluido Gerard Romy, cofundador de Mediapro / CG

"Estructura criminal"

La acusación desmonta el plea agreement o admisión de culpabilidad que firmó Mediapro en 2018 para zanjar el escándalo de los sobornos y que le costó una multa de 21 millones de euros. Ese reconocimiento, que firmó el socio de Roures y también cofundador del grupo, Tatxo Benet, se ceñía a un solo pago ilegal de 500.000 dólares (457.223 euros al cambio) a un directivo a cambio de arañar derechos de retransmisión deportiva de partidos clasificatorios para el Mundial de fútbol en el Caribe. Mediapro admitía su culpa, se evitaba el juicio y, a cambio, pagaba una sanción. El cortafuegos trazado por el grupo de Roures y Benet se completaba con la prejubilación de Gerard Romy en 2016. El conglomerado insistió siempre que la conducta ilegal se había ceñido a directivos concretos y no a la empresa en su globalidad.

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Descripción del entramado criminal en el que participó una filial de Mediapro y su ex consejero delegado, Gerard Romy / CG

La defensa de Mediapro queda muy tocada con los nuevos argumentos del fiscal, incluido en el último auto antes del juicio. El letrado considera estructuralmente ilegales las actividades de la filial del conglomerado audiovisual en Estados Unidos y Sudamérica. Describe la pata de Imagina como parte nuclear, junto a las empresas Traffic USA (brasileña) y Full Play (argentina), de una trama corrupta.  ¿Dónde? En el punto 137 del auto, en el que Donoghue subraya que los encausados "diseñaron una trama para defraudar a la FIFA, la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) y las federaciones nacionales [de fútbol] de sus respectivos derechos a servicios honestos y justos". ¿Cómo? "Con sobornos y mordidas". ¿Para qué? "Para obtener dinero y propiedades por medio de simulaciones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas". ¿Cuándo? "Entre 2008 y 2015". Lo remacha la acusación con la aplicación a los investigados de la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) o ley contra las organizaciones criminales y corruptas [consultar texto aquí]. Es la norma creada en 1970 para combatir los grupos mafiosos y los cárteles en Estados Unidos. Hay un tercer punto. Las actividades presuntamente delictivas las cometió Gerard Romy cuando estaba en la cúpula del grupo.

"Sobornos, paraísos fiscales y ocultación"

Ya ahora, la oficina de la acusación constata que Gerard Romy, cofundador de Mediapro, era un "alto ejecutivo de Imagina Audiovisual SL". A su vez, el conglomerado era dueño de "varias filiales en España y el resto del mundo, incluyendo US Imagina LLC, con sede en Miami (Florida)". El brazo de Imagina en EEUU tenía, a su vez, una participación en Media World, otra filial. Romy también participaba en esta sociedad mercantil. Es esta empresa la que, supuestamente y a la espera del veredicto del Fifagate, participó en la trama corrupta.

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El fiscal detecta conspiración para evitar la acción de las autoridades y, así, continuar con las actividades ilícitas / CG

¿De qué manera? El fiscal del Distrito Este de Nueva York habla sin tapujos. En el escrito de imputación, asegura que Romy y otros directivos "conspiraron desde sus puestos para participar en tramas que incluían la inducción a cometer delito, ofrecimiento, aceptación, pago y recepción de pagos ilegales y de origen desconocido, sobornos y mordidas". Así, el accionista de Imagina y sus coacusados incurrieron en "fraude, soborno y lavado de dinero", lo que les generó "ganancias privadas y empresariales". Lo que es más: el ex director general de Mediapro junto a Roures y Benet se esmeró con sus colaboradores en "la cobertura de sus actividades lícitas, la elusión de los beneficios de sus actividades y la promoción de las mismas". Lo habrían hecho, si el juzgado ve probados los indicios, con "intermediarios de confianza, banqueros, asesores financieros, conversores de divisas; sociedades pantalla; testaferros y cuentas bancarias cifradas en paraísos fiscales y jurisdicciones fiscales secretas; ocultación de cuentas en el exterior, uso de dinero en efectivo; compraventa de vivienda y obstrucción de la justicia".

Dos ejemplos

Para justificar sus argumentos, que deberán ser probados ante el juez, el ministerio público explica dos ejemplos de la operativa presuntamente criminal en la que participaba Gerard Romy. El primero de ellos tiene que ver con la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf). Media World, filial de Imagina en Estados Unidos, entró en una joint venture supuestamente criminal con otra empresa investigada, la brasileña Traffic USA, siempre según el auto de imputación. Dicho acuerdo, alcanzado en 2012, les permitió repartirse los derechos de retransmisión televisiva de los partidos clasificatorios para el Mundial de fútbol de las selecciones nacionales que pertenecían a la Uncaf. Lo consiguieron, cree Donoghue, mediante el pago de sobornos a directivos de la asociación así como a exdirectivos "con influencia" en la misma.

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Jeffrey Web, expresidente de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán y de la Concacaf, investigado por el caso 'Fifagate' / EFE

El segundo ejemplo se centra en la Unión Caribeña de Fútbol (CFU, por sus siglas en inglés). De nuevo, el letrado de la acusación cree que Media World, que controlaba Gerard Romy, cofundador de Mediapro, exsocio y ex mano derecha de Jaume Roures, se hizo con los derechos televisivos de esta federación también en 2012 pagando el 50% de un soborno de 3 millones de dólares (2,74 millones de euros al cambio) a Jeffrey Webb, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán (CIFA, por sus siglas en inglés), alto cargo de la CFU y presidente de Concacaf desde 2012 hasta su arresto en 2015. No obstante, Romy habría utilizado una empresa pantalla para hacer parte del pago de su 50%. Ésta fue una filial de Imagina, cabecera de Mediapro, con sede, también, en España. Costas Takkas, exsecretario de la CFU, habrá recibido parte del pago ilegal prometido a Webb mediante facturas falsas --emitidas por otra sociedad en Portugal--, pero no la totalidad, pues las pesquisas de las autoridades contra el Fifagate ya estaban en marcha y frustraron la operación. Efectivamente, Webb fue detenido en mayo de 2015 y trasladado a Estados Unidos para enfrentarse al juicio por supuesta corrupción.

Cinco cargos

Por lo que respecta a Gerard Romy, que ya está fuera de Mediapro al haberse prejubilado y vendido su 12,5% a Orient Hontai, firma de private equity del banco inversor Orient Securities, el fiscal le ve partícipe de cinco tipos penales. El primero es organización criminal. Es este presunto delito el que desmonta la defensa de Mediapro en su plea agreement. No hubo, cree Donoghue, sobornos a granel, sino al por mayor y como parte de una trama organizada. Romy, exCEO de Mediapro y exsocio de Roures, debe defenderse junto a otras 13 personas físicas, incluyendo Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB), y Full Play, una mercantil. El segundo es conspiración para cometer fraude mediante transferencia bancaria, un tipo penal que Romy habría cometido entre 2008 y 2015 junto con otros dos investigados. El tercero es, en efecto, fraude, un delito del que el fiscal ve indicios por dos transferencias por valor de 450.000 dólares que Media World, controlada por Romy, hizo en 2011 y 2012, según el escrito, a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y a una cuenta de Citibank en Panamá.

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El cargo de conspirración para lavado de capitales contra Gerard Romy, exfundador de Mediapro y exsocio de Jaume Roures / CG

El cuarto es conspiración para el lavado de capitales, por las transferencias presuntamente efectuadas por Romy y su empresa desde Estados Unidos a otros países y viceversa "con el fin de continuar con la promoción de sus actividades ilegales", sostiene el letrado. El quinto delito que le atribuye la acusación a la ex mano derecha de Jaume Roures es lavado de capitales. Argumenta la oficina de Richard P. Donoghue que este tipo penal lo sostienen transferencias de dinero efectuadas entre 2012 y 2015. Estos envíos de dineo, de nuevo, tendrían como fin costear actividades ilegales dentro del marco criminal del Fifagate.