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Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que denuncia que las grandes empresas son las que pagan más tarde / CG

Los empresarios de pymes presionan al Congreso para que persiga a lo que paguen tarde

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad recuerda a todos los partidos que se comprometieron a establecer el régimen sancionador de la ley que se aprobó en 2013

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Los empresario de pymes del país se movilizarán de nuevo a finales de marzo en la cuarta cumbre de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) para denunciar los retrasos en los pagos de facturas que soporta el colectivo. La organización presidida por Antoni Cañete, director general de la patronal catalana Pimec, incrementa la presión durante las próximas semanas para conseguir que el Congreso de los Diputados atienda por fin la gran reivindicación de establecer el régimen sancionador de la ley que establece los plazos, vigente desde 2013.

“Todos los grupos políticos incluyeron esta propuesta en sus programas electorales y es por ello que esperamos contar en nuestra cumbre con todas las formaciones y con la más alta representación por parte del Gobierno”, asegura en un comunicado Cañete. Ahí les leerán la cartilla si sus peticiones caen de nuevo en saco roto.

Proveedores convertidos en instrumentos de liquidez

Las compañías que forman parte de la PMcM denuncian que grandes corporaciones y administraciones públicas se aprovechan de un sistema de pago en el que se acaban convirtiendo en instrumentos de liquidez porqué se tarda una media de 75 días en cobrar una factura emitida. A ello se le debe sumar el tiempo extraordinario entre la realización de un servicio o la venta de un producto y la emisión del recibo, una práctica contra la que han luchado pero que aún se lleva a cabo por acuerdos entre privados opacos y que no se establecen en igualdad de condiciones.

De hecho, los representantes de la organización mantienen que sin marcar penalizaciones para los que se salten la ley y se les persiga de forma activa, la norma se convierte en un compendio de buenas intenciones.

Las cotizadas pagan a 193 días de media

Su aprobación propició que en los últimos cuatro años se haya pasado de tardar 162 días a pagar una factura a los 75 actuales. Gracias, principalmente, a que el sector público se ha puesto las pilas. Y es que más allá de los problemas derivados de la crisis y las tensiones de liquidez que han sufrido autonomías y ayuntamientos, las administraciones públicas del país pagan mejor a los proveedores que las empresas privadas.

Se han iniciado varias campañas para denunciarlo. Las mayores incumplidoras son, según sus estudios, las empresas cotizadas. Tardan una media de 193 días y debían 66.680 millones a subcontratistas el ejercicio pasado, lejos de los 86 días de plazo medio de cobro de sus facturas. La PMcM indicó en ese momento que si se cumpliera con la norma vigente, las pymes que trabajan con ellos se ahorrarían en costes de financiación 1.392 millones y en intereses de demora otros 1.985.

“La instauración de un régimen sancionador en el sector privado es la clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas”, sentencia Cañete. Asegura que desde el inicio de la crisis ha significado una sentencia de muerte de “un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido”.

Tres sentencias europeas

La PMcM espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión se pronuncie sobre tres cuestiones que plantearon para reforzar sus tesis. La primera de ellas es la denuncia de que el Gobierno obligó a las empresas que han participado en los planes de pago a proveedores desde 2012 a renunciar a los intereses de demora, unos 3.000 millones de 230.000 proveedores; la segunda es sobre la metodología establecida por la ley en España para el cálculo de periodo medio de pago de las Administraciones, que reduce en 30 días la cifra real. La plataforma asegura que la fórmula que se usa no cumple con la directiva vigente sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La tercera cuestión es crucial para el país. La Unión Europea tiene pendiente resolver el procedimiento de infracción contra España por una aplicación inadecuada de la directiva sobre morosidad que abrió en junio de 2015.