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Higini Cierco y Jordi Pujol, sobre un furgón policial.

Los Cierco denuncian que les quitaron BPA por el ‘caso Pujol’

Higini Cierco relata como recibió “amenazas y extorsiones” por parte de mandos policiales españoles en mayo de 2014 para conseguir información bancaria de Pujol, Mas y Junqueras

8 min

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) han denunciado este jueves ante la juez Canòlic Mignorance, la magistrada que investiga las responsabilidades sobre la intervención de la entidad del Principado el 10 de marzo de 2015, que el caso Pujol propició la acusación de blanqueo de capitales por parte del organismo del Tesoro de EEUU que lucha contra este tipo de delitos, el Fincen, que justificó su caída. 

Higini Cierco ha denunciado que fue víctima de “amenazas y extorsiones” por parte de “mandos policiales españoles mucho antes de la intervención del banco”. Le dejaron claro que si no colaboraba con ellos se “actuaría contra BPA, si era falta, vía Administración americana”, como finalmente sucedió.

Encuentro con Celestino Barroso

Ha detallado que recibió una llamada en mayo de 2014 del agregado de Interior a la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándole de que “sería conveniente que viera a unas personas en Madrid”, indica la familia en un comunicado. A pesar de no conocerle, se reunió con él en las instalaciones exteriores de Industrias Montanya (IMSA), una tabacalera conocida en el Principado, y el policía insistió en que era absolutamente necesario que el banquero mantuviera una reunión en España “o de lo contrario, el banco moriría”, ha afirmado ante Mignorance.

“En ese momento ya me dijo que los americanos estaban al corriente de la situación y sabían como hacerlo”, ha ha añadido.

Marcelino Martín Blas, comisario jefe de asuntos internos

La amenaza coincide con la apertura de una inspección de Sepblac, la comisión de prevención de blanqueo de capitales de España, a Banco Madrid, la filial de BPA en el país que entró en concurso de acreedores tras la intervención de su sociedad madre.

Cierco derivó al agregado de Interior al entonces consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel (en prisión preventiva desde hace más de un año), que le recibió en la sede central de la entidad. Barroso, según el relato, insistió en que si no se colaboraba con ellos el banco iba a desaparecer e informó a Miquel que iba a recibir una llamada de una persona que se identificaba con el sobrenombre de Félix y que le iba a dar más instrucciones. Tras este alias se escondía el comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas.

Petición de datos bancarios de Mas, Junqueras y sus familias

Además de Cierco y Miquel, también estaban al caso de la situación la jefa de los servicios jurídicos de BPA y la secretaria del consejo de administración del banco, Rosa Castellón.

Artur Mas y Oriol Junqueras en una imagen de archivo en un acto en la Generalitat. / EFE

Miquel y Martín Blas se encontraron en Madrid y el comisario le reiteró las amenazas exigiéndole, como había ocurrido con Cierco, información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias, manifestó el accionista mayoritario de BPA ante la magistrada.

Consulta a Fusté-Fabra

Conscientes del peligro que existía tras la advertencia, los responsables de la entidad andorrana decidieron emprender consultas legales para saber hasta dónde podían llegar los cuerpos de seguridad del Estado. Entre ellos, se pusieron en contacto con el profesor de Derecho Penal José María Fuster-Fabra .

Miquel y Martín Blas se encontraron en más ocasiones. “El resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero”, indicó el banquero, la famosa confesión de Jordi Pujol de hace dos veranos.

Cinco millones de la Pujol

Cierco ha comunicado que “BPA nunca tuvo más de cinco millones de euros, en cifras redondas, de la familia Pujol” depositados en el banco.

Ni él ni el consejero delegado del banco no denunciaron los hechos en junio de 2014 porque Martín Blas le habría advertido de que si lo hacía, el Fincen intervendría la entidad “en 15 días”.

¿Qué propició la nota del Fincen?

Coincidió más tarde en una boda con el comisario jefe de Asuntos Externos de la Policía y con el director operativo del mismo cuerpo, Eugenio Pino. Cierco ha contado a la juez que en ese momento tuvo la “percepción que el foco sobre Banco Madrid y BPA desaparecía”. Pero no fue así.

“Posiblemente, porqué la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol habían podido realizar durante décadas en Andorra”, ha justificado. Los hechos derivaron en la nota del Fincen del 10 de marzo que, según el presidente de la entidad, está basada en información “errónea, parcial o incompleta”.

Comunicado al Gobierno de Andorra

Cierco informó a la familia tras el estallido de la crisis y, con posterioridad, se ha ido informando de los a varias personas. Entre ellos figuran el jefe del Ejecutivo de Andorra, Toni Martí; el polémico ministro de Finanzas, Jordi Cinca; el de Administración, Transportes y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé; y el de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, Xavier Espot.

Nuevas acciones legales

“Estas comunicaciones se han hecho de forma gradual y a medida que se tenían elementos que permitían corroborar todo aquello que presumiblemente había sucedido”, indican los accionistas mayoritarios del banco en la nota pública.

Aseguran que Higini Cierco y sus asesores legales los han puesto en conocimiento de la magistrada para que adopte las medidas pertinentes. Asimismo, anuncian el impulso de nuevas acciones legales para perseguir estos hechos.