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El ex presidente de la Banca Privada de Andorra, Ramón Cierco, en una imagen de archivo.

Los Cierco se revuelven contra PwC y el Gobierno andorrano

La familia a la que se le nacionalizó BPA carga con dureza contra los resultados divulgados tras la investigación de las cuentas del banco

Redacción
5 min

El Gobierno de Andorra sumará una nueva causa de la familia Cierco, los accionistas mayoritarios de BPA. En esta ocasión, por la auditoría que PwC realizó durante casi un año de los clientes de la entidad intervenida. Los “legítimos propietarios del banco” cargan en un comunicado contra la forma en la que la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) publicitó las presuntas conclusiones del trabajo de la firma internacional.

Cuando no han pasado ni 24 horas desde la publicación de este documento, que tiene cuatro páginas, los Cierco afirman que las “insinuaciones” de la AREB son “inadmisibles” y dejan claro que volverán a emprender las “acciones legales que sean necesarias para defender la honestidad de la familia”.

Contenido íntegro de la auditoría

De entrada, la primera causa que abrirán será para reclamar el contenido íntegro de la revisión de clientes y cuentas de BPA que PwC realizó durante casi un año. Manifiestan que el comunicado avanzado es “confuso” y denuncian que el Gobierno del Principado esconde la auditoría. “Nadie ha tenido acceso, ni los componentes de la comisión legislativa especial que analiza el caso BPA al Consejo General, que la ha reclamado de forma insistente”, señala.

Los Cierco quieren comprobar en qué se basa la AREB para declarar que existen 100 expedientes que “combinan todos los factores de mayor riesgo de blanqueo de capitales”, una de las conclusiones de la agencia pública. “No existe ninguna prueba de la comisión de los delitos ni tan solo se aclara si estos 100 clientes son los que ya giraban al entorno de los tres casos que estaban bajo control judicial”, subrayan.

Cuentas reconocidas por los Cierco

Es decir, las cuentas que fueron bloqueadas en BPA por orden judicial presuntamente vinculadas al caso Petróleo, una red de blanqueo desde Venezuela aunque los fondos llegaron a Andorra mediante transferencias ordinarias desde varias entidades, especialmente estadounidenses; los movimientos que realizaba Rafael Pallardó en la entidad, el empresario que actuaba en nombre de una presunta red de mafia china que blanqueaba capitales con la venta al detalle de productos; y los 2,5 millones que Andrei Petrov tiene en el banco, que venían de una transferencia internacional desde Inglaterra y de otros bancos del Principado.

Así lo explican los accionistas mayoritarios de la entidad en un documento que publicaron el lunes en el que recopilan información y datos del caso BPA.

El departamento del Tesoro de EEUU que se dedica al blanqueo de capitales, el FinCen, señala en la Notice que propició la caída del banco andorrano y que fue retirada posteriormente que también sospechaba del papel de la entidad en el caso Sinaloa. Los Cierco indican en su documento que desde la entidad desconocen cuáles serían los presuntos hechos delictivos y el caso está bajo secreto de sumario.

Revisión de la Uifand

Los accionistas mayoritarios, a falta de conocer los detalles de la auditoría de PwC, dudan de la veracidad de los datos aportados por la AREB al compararlos con las revisiones en materia de prevención de blanqueo de capitales que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) realizó entre 2007 y 2014 en la entidad. Afirman que, en el caso de que los auditores y reguladores se las hubieran pasado de alto, también se deberían plantear “eventuales responsabilidades” de ello.

PwC ha aplicado criterios más restrictivos en realizar su análisis de los activos del banco intervenido. “De no querer ser discriminatorios con BPA, si los mismos parámetros se aplicaran a las otras entidades de la plaza financiera andorrana, estas tendrían numerosos problemas y dificultades”, señalan los Cierco.

Responsabilidades para KPMG y Deloitte

Finalmente, los accionistas dejan claro que los “administradores de la entidad y su dirección general siempre han sido diligentes en cumplir las obligaciones establecidas anualmente por las autoridades andorranas”.

Por ello, afirman que, si fueran ciertas las conclusiones apuntadas por la AREB, se deberían “pedir responsabilidades a los auditores KPMG y Deloitte por los últimos ocho años en los que han reportado un cumplimiento absoluto de la entidad con la regulación vigente en el Principado”.