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Imagen de unas instalaciones de BPA. A la derecha, Ramon Cierco (superior), Jordi Cinca, ministro de Finanzas, y Toni Martí, presidente de Andorra.

Los Cierco reclaman al Gobierno de Andorra 365 millones por el 'caso BPA'

Los accionistas mayoritarios de la entidad intervenida demandan a la administración del Principado y la acusan de haber "destruido" el banco con su actuación negligente y desproporcionada

Redacción
3 min

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA), la familia Cierco, han presentado una nueva demanda en la que reclaman al Principado de Andorra 364,6 millones de euros como indemnización por su intervención de la entidad bancaria.

La demanda judicial va dirigida contra el Gobierno de Andorra y contra el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF, el supervisor financiero del Principado) por los graves daños y perjuicios que consideran que les ha causado la actuación de la administración en el caso BPA.

Valoran el banco entre 482 y 496 millones

La demanda mantiene el hilo argumental ya expuesto en la reclamación interpuesta el 14 de octubre e incorpora nuevos elementos producto de la evolución del contencioso. La petición incluye dos informes económicos independientes que valoran el Grupo BPA en 482,8 millones de euros y 496,4 millones, respectivamente.

También recoge el informe que consideró inviable el banco y que los últimos días ha entregado el INAF. Critica que todo el proceso haya ido encaminado a poner fin a la existencia de la entidad sin garantizarle en ningún momento la presunción de inocencia.

"Destrucción" y "humillación"

Los Cierco consideran que la actuación del Gobierno y del supervisor andorranos tras la publicación de la nota de FinCEN (el organismo del Tesoro de EEUU que apuntó en marzo de 2015 que BPA blanqueaba capitales y que posteriormente se retractó) ha causado graves perjuicios al banco y a sus accionistas. De hecho, les culpan de la "destrucción" de la entidad, y denuncian que se les "apartó, humilló y se les ocultó todo tipo de información relativa a la situación de BPA" a pesar de que no se ha detectado ninguna anomalía destacable en la auditoría que hizo PwC a las cuentas y depósitos que se han empezado a migrar a Vall Banc

En ese sentido, rechazan la intención de la administración andorrana de culpar de lo ocurrido al FinCEN y consideran que las medidas adoptadas fueron del todo desproporcionadas y negligentes.

Por todo ello, los Cierco reclaman de manera solidaria al Gobierno de Andorra y al INAF una indemnización de 364,6 millones de euros, que el equivalente al 75,5% --el porcentaje accionarial que ostentaban en BPA-- de la valoración económica más conservadora de las dos que se presentan en la demanda.