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El ex presidente de la Banca Privada de Andorra, Ramón Cierco, en una imagen de archivo.

Los Cierco impugnarán la adjudicación de los restos de BPA a un fondo buitre

Los accionistas mayoritarios del banco andorrano plantean emprender acciones legales contra JC Flowers y tildan de “ley espoliadora” la actuación del Ejecutivo del Principado

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Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), la familia Cierco, han anunciado poco después de que el Gobierno del Principado anunciara que dejará los restos de la entidad en manos de un fondo buitre rechazado en España que impugnará la adjudicación. En un comunicado, indican que este paso da continuidad a las “acciones legales interpuestas hasta ahora en el marco del acuerdo adoptado por las autoridades andorranas de resolver BPA”.

Asimismo, alertan de que está sobre la mesa “emprender acciones contra el adjudicatario” --los Cierco ya advirtieron hace días a JC Flowers de que “se le podría perseguir legalmente” si seguían en la subasta-- y que harán un “seguimiento estricto del cumplimiento de las condiciones que contenga el acuerdo anunciado”.

Detalles del acuerdo

Por ahora, se desconoce la letra pequeña del acuerdo. Se espera que el Gobierno de Antoni Martí explique los compromisos con los que ha llegado con JC Flowers en los próximos días.

Crece la inquietud en el sector financiero del Principado porque el fondo oportunista es conocido por la poco voluntad de sus directivos de asumir riesgo. De hecho, fue descartado en varias operaciones parecidas a las de BPA en España por las estrictas condiciones que imponía al regulador del sector para tomar las riendas de entidades como Unnim, la CAM o Banca Cívica.

Acusación de opacidad a AREB

Los hermanos Higini y Ramon Cierco recuerdan en el comunicado que el 5 de agosto de 2015 ya interpusieron una demanda con el objetivo de impugnar tres actos administrativos de la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB), “la aprobación del plan de solución, la valoración económica y la constitución de Vall Banc”, que siguen su curso.

Más allá de las impugnaciones, los accionistas mayoritarios de BPA acusan a la AREB de actuar con opacidad con la resolución del banco. “La normativa con la que basan sus acuerdos es espoliadora y confiscadora”, señalan en el comunicado.