Menú Buscar
Los ministros Gómez de la Serna (Fomento) y Montoro (Hacienda) hoy en el Congreso de los Diputados / EFE

El límite del pago en efectivo baja a 1.000€ a partir de enero

El Gobierno quiere poner en marcha también la obligación del envío inmediato de la factura del IVA para las grandes empresas

3 min

El Gobierno va a limitar a 1.000 euros el pago en efectivo desde los 2.500 euros actuales para atajar la economía sumergida y el dinero negro. También obligará a las grandes empresas a enviar las facturas del IVA en tiempo real para limitar las posibilidades de fraude en este impuesto, lo que afectará a más de 62.000 contribuyentes.

La intención del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro es implantar el próximo año el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII), que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas.

De la anterior legislatura

El sistema fue ideado por el anterior Gobierno, con la intención de que entrara en vigor el año que viene, pero posteriormente se retrasó su puesta en marcha por la interinidad del Ejecutivo y ahora vuelve a retomarse con las mismas fechas contempladas inicialmente.

Con la entrada en vigor del plan, las empresas deberán remitir electrónicamente en un plazo máximo de cuatro días todos los detalles de sus operaciones (facturas y tiques expedidos y recibidos) que deben anotar en sus libros de registro del IVA (no la factura propiamente dicha), con el importe total de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.

Contra la economía sumergida

De esta forma la Agencia Tributaria, mediante el análisis y cruce de toda esa información, pretende reducir notablemente el fraude fiscal y la economía sumergida, especialmente en el IVA, donde son habituales gran cantidad de facturas falsas.

Además de la limitación del pago en efectivo y del nuevo sistema de envío automático de facturas de IVA para las grandes empresas, el Gobierno también ha incluido en el paquete de medidas antifraude una mayor limitación de los aplazamientos de pago en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades porque considera que, en un momento de bajísimos tipos de interés, las empresas no deben financiarse a costa del erario público.