Lafarge presume de reducir su huella ecológica

Lafarge presume de haber reducido su huella ecológica. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) retirase la autorización ambiental a la cementera de Montcada i Reixac a finales de enero, ahora la empresa señala que ha evitado la emisión de 53.000 toneladas de CO2 durante 2019. 

Tras conocer el fallo del TSJC, desde la compañía avanzaron que lo recurrirían. "La actividad de la fábrica continuará y, por tanto, no peligran los puestos de trabajo", subrayan. Y es que, a través de un comunicado este lunes, Lafarge ha señalado que la fábrica de Montcada ha empleado a 300 personas durante el año pasado y ha realizado una aportación de 20 millones de euros a la economía de la zona. 

Error de forma

Una sentencia que, según afirma Vicente de Pedro, director de la cementera en Montcada, "no cuestiona, de ninguna manera, el comportamiento ambiental de la fábrica, con periódicas inspecciones que garantizan la protección ambiental del entorno". 

Así, recuerdan que la anulación de la autorización ambiental se debe a un defecto de forma en el proceso administrativo por parte de la Generalitat. "Más allá del cumplimiento de los requisitos europeos, se realizan controles de calidad ambiental del entorno de la fábrica que evidencian que es equivalente al de un entorno urbano estándar". 

Vecinos y consistorio

Tras la retirada de dicha autorización, tanto desde el consistorio como desde la asociación de vecinos de Can Sant Joan, que presentaron el recurso contencioso-administrativo en marzo de 2018 para paralizar la actividad de la cementera; celebraron el fallo. La alcaldesa, Laura Campos (En Comú), explicó a Crónica Global que "en un momento de máxima sensibilidad y concienciación ambiental, tanto de la ciudadanía como de las administraciones, abre una ventana de oportunidades" que tendrán que estudiar. 

Mientras que el portavoz vecinal, José Luis Conejero, explicó que, tras 13 años de lucha contra la actividad de la cementera, esperaba en que el Supremo rechazase el recurso de Lafarge. "En caso de que fuese así, la empresa tendría que volver a pedir la autorización para nueva actividad y durante ese proceso interrumpiría su funcionamiento".