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El equipo municipal de Madrid durante la presentación de Madrid Puerta Norte.

La 'operación Chamartín' de Carmena incumple la ley del suelo

El nuevo proyecto urbanístico para el norte de Madrid reduce a casi la mitad la construcción inicial y su financiación podría recaer sobre los contribuyentes

Redacción
4 min

La nueva propuesta urbanística del Ayuntamiento de Madrid para urbanizar el barrio de Chamartín, Madrid Puerta Norte, ha sorprendido a todas las partes implicadas. El consistorio ha decidido cambiar de forma unilateral --solo con la aprobación de sus socios de gobierno socialistas-- el proyecto consensuado entre Fomento, Comunidad de Madrid y el ayuntamiento.

Pero la polémica no solo se ha originado por el cambio en el modelo de desarrollo de la ciudad, sino porque hay aspectos del mismo que no cumplen con la propia legalidad de la Comunidad. La ley del sueldo 9/2001 de Madrid en su disposición transitoria sexta estipula que "los terrenos ferroviarios, de equipamento o de infraestructura" se deben incluir en el cómputo de edificabilidad, algo que ha omitido el concejal de de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, cuando ha explicado la parte edificable del nuevo plan.

Reducción de las obras

Según explican fuentes del sector a Crónica Global, "la realidad es que la edificabilidad la están reduciendo a la mitad", eliminando del cómputo total lo que son los terrenos ferroviarios de Adif, que aproximadamente es un tercio de los terrenos, y que entrarían en la disposición legal. Asimismo, el nuevo proyecto urbanístico renuncia a dos líneas de metro, a las nuevas paradas de cercanías, y reduce el parque y la zona verde a la mitad.

"Ellos hablan del 82% de los terrenos públicos, y en ese porcentaje están incluyendo el 61% de los terrenos de Adif", añaden las fuentes consultadas. "El ayuntamiento está actuando como si este compromiso de compra venta con Adif no existiera. No están respetando la seguridad jurídica", señalan.

Plazos irreales

En la presentación del Plan General de Ordenación Urbana hecho público por el ayuntamiento establecen una modificación del Plan General para 2016 que se debería llevar a cabo en un límite de seis meses, hasta que finalice el año.

Estos plazos resultan bastante irreales, teniendo en cuenta que el Plan General del anterior proyecto consensuado se elaboró en tres años, con más de 40 informes que analizaban la viablidad de la obra.

Por otra parte, para llevar a cabo ese cambio de Plan General hay un periodo de consulta pública --que suele durar como mínimo tres meses-- y después hay que volver a obtener todos los informes de las administraciones competentes para, finalmente, ser aprobado por el Ejecutivo de la Comunidad.

"En este momento [el Ejecutivo de Cifuentes] es del color opuesto al ayuntamiento, y por las declaraciones que estamos viendo no parece que le haya hecho mucha gracia", afirman mostrando el temor a que las conversaciones entre administraciones no lleguen a buen puerto.

Por su parte, desde el consistorio han informado que pretenden reunirse cuanto antes con Fomento, Comunidad y los promotores del proyecto, pero de momento estos solo han sido informados a través de los medios de comunicación. "No ha habido una comunicación directa", aseguran.

Subida de impuestos

Otra de las cuestiones es cómo se sufragará el proyecto de Ahora Madrid. El plan urbanístico consensuado no repercutía en el contribuyente, mientras que en la presentación del actual se han mostrado mucho más ambiguos. El proyecto no lleva incluida una memoria económica, y la única mención que ha hecho público el concejal Calvo es que se financiará con la venta de terrenos donde se va a construir el centro de negocios.

Asimismo, Calvo ha dejado la puerta abierta a que, si esta venta no se produce, pasará a cargo de los presupuestos públicos. Algo que, inevitablemente, incidiría en los impuestos.

"No quieren que el sector pague las infraestructuras, y ellos no tienen dinero para hacerlo", sentencian desde el sector.