Menú Buscar
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas (izquierda), y el consejero de Empresa igualmente en funciones, Felip Puig (derecha)

La Generalitat da marcha atrás y se aviene ahora a negociar con las patronales

La consejería de Empresa acepta concretar y modificar el decreto con el que piensa medir la representatividad de las organizaciones empresariales catalanas

5 min

El Gobierno en funciones liderado por Artur Mas mantiene en firme su intención de replantear el mapa de la representatividad patronal en Cataluña. Casi tres meses después de poner sobre la mesa un primer decreto ley para iniciar el proceso, el Ejecutivo da marcha atrás en sus pretensiones iniciales y se abre a la negociación. “Se está hablando”, confirman fuentes del departamento de Empresa y Ocupación.

La demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentada por Foment del Treball el pasado 22 de septiembre ha sido clave para que la consejería liderada por Felip Puig cambiara de tercio.

Demanda ante el TSJC

El proceso judicial ya propició en un primer momento que la Generalitat dejara sin efecto el decreto 206/2015 aprobado el 15 de septiembre hasta que la justicia no tomara una decisión. Se ha ido un paso más allá al mirar con detalle el contenido de la misma, indican fuentes cercanas a Puig.

Se intenta alcanzar el consenso entre los implicados para evitar que los tribunales marquen de nuevo el signo de las relaciones patronales en Cataluña como ya pasó con la obtención y la pérdida de la representatividad de Fepime.

Fallos del decreto

Más allá de la intencionalidad política de la actuación --se considera que el intento de alterar el mapa patronal catalán ha sido una forma de penalizar a las organizaciones que más y más abiertamente se han opuesto al procés, Foment y Fepime--, la institución presidida por Joaquim Gay de Montellà señaló en el escrito remitido a los juzgados los fallos que presenta la norma y que son objeto de debate.

De entrada, la gran patronal catalana acusaba al Gobierno de no haber iniciado el proceso de diálogo con las organizaciones implicadas --Foment del Treball; la patronal asociada de pymes, Fepime, y Pimec-- antes de  poner sobre la mesa la norma. También denunció que no se había tenido en cuenta las recomendaciones previas sobre el proceso que se señalaron a finales del pasado junio en un dictamen del grupo de expertos de la propia Generalitat, el Consell de Treball Económic i Social de Catalunya (Ctesc).

Inseguridad jurídica

Allí, tanto Foment como Pimec ya manifestaban errores de bulto de la norma. Entre ellas, la falta de concreción en aspectos de gran calado como qué hacer ante la doble o triple afiliación de ciertas organizaciones sectoriales o empresas que propiciaban inseguridad jurídica.

También se destacaba (y se mantiene) que el Ejecutivo catalán no ha tenido en cuenta la complejidad de las organizaciones empresariales a la hora de plantear la ley. Además de las empresas existen gremios, organizaciones territoriales, sectoriales e incluso uniones puntuales para defender determinados derechos. Un mapa extenso en el que existen guerras abiertas que complican cualquier proceso de acreditación.

Falta de competencias

Foment y Fepime fueron un paso más allá al argumentar que la Generalitat no contaba con las competencias necesarias para abrir un proceso como el de replantear la representatividad empresarial. Lo hicieron en su día en el Ctesc y repitieron sus consideraciones ante el TSJC.

Las dos organizaciones indicaron que la regulación que reconoce la representatividad empresarial “se encuentra regulada en la disposición adicional sexta del Estatuto de los trabajadores”. Aseguraron que la norma marco de las relaciones laborales en España “comporta un desarrollo normativo que corresponde competencialmente y exclusivamente al Gobierno del Estado”.

Incluso hacen referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional en la que “concluye que una administración no se puede atribuir una competencia normativa ya atribuida a una otra administración a pesar de que esta no la ejerza”.

Argumentos técnicos

También se hacen apreciaciones de carácter técnico relacionadas con la facturación, la liquidación de impuestos o los pagos ante Hacienda.

El proceso de diálogo no está calendarizado. El TSJC tiene sus tiempos y no se espera una resolución a corto plazo sobre la demanda presentada por Foment y Fepime. Además, la falta de un nuevo Gobierno en Cataluña deja en el aire la toma de una decisión en firme sobre la materia, que deberá ser ratificada por la persona que sustituya a Puig en el cargo ya que no repetirá. El actual titular de Empresa es uno de los nombres que la CUP vetó para conformar el nuevo Ejecutivo catalán.

El consenso es el mejor camino para bajar el diapasón de la batalla patronal en Cataluña con la Generalitat de por medio. Ahora, se trabaja para conseguirlo.