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José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, en una imagen de archivo / EFE

La fiscalía de Barcelona investiga la gestión de Acciona en ATLL

Las pesquisas parten del informe de la Oficina Antifrau que denunciaba la facturación cruzada e irregular entre la concesionaria y la firma de los Entrecanales por importe de 13,3 millones

Redacción
5 min

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre la pulcritud de los gestores de Aigües Ter Llobregat (ATLL), un consorcio liderado por Acciona en el que participan las familias Rodés y Godia-Torreblanca como minoritarios. La iniciativa se produce a raíz del informe de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) avanzado por Crónica Global que detectaba un método de facturación cruzada entre la gestora de agua y la cotizada de los Entrecanales.

Según las pesquisas de la institución que lucha contra la corrupción en el sector público, este sistema propició que Acciona recibiera 13,3 millones de euros extraordinarios por la prestación del servicio. Este sería el importe final del desvío de fondos públicos que se realizó entre los ejercicios 2013 y 2015.

Subcontratación sin autorización

El principal problema de este mecanismo es que en el pliego de condiciones del contrato de ATLL se señalaba que la subcontratación de cualquier servicio requería el visto bueno del Govern. Todos los encargos que recibió Acciona Agua de la empresa catalana se firmaron sin la correspondiente bendición pública, según la OAC.

La institución que dirige Daniel de Alfonso manifestó que el grupo de los Entrecanales sí que había informado de la existencia de estos trabajos e incluso se tomaron decisiones al respecto en cinco de las 17 reuniones del consejo de administración de ATLL que se celebraron entre diciembre de 2012 y marzo de 2015. Consta que en dos de ellas estuvo presente el representante de la Generalitat.

Fallo de control del gerente del ACA

Participaba en los encuentros el gerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Joan Pinyol primero y Diego Moxó después. Ambos fallaron en su labor de fiscalizar la gestión de ATLL, ya que se les pasó la existencia de las subcontrataciones presuntamente irregulares en tres ocasiones al primero --es el actual responsable de Medi Ambient del Área Metropolitana de Barcelona por designación de BComú--, y en otras dos en la etapa de Moxó, que fue cesado del cargo el pasado 22 de febrero.

Ambos deberán explicar en el Parlament por qué erraron en sus obligaciones de control a Acciona ya que Ciudadanos y la CUP han pedido su comparecencia en la Comisión de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aún no hay fecha para la declaración.

Calendario de la investigación

Antifrau dejó claro en su informe que existían suficientes indicios de que Acciona había incurrido en los delitos penales de falsedad mercantil y administración desleal. Pedía, asimismo, que se planteara la resolución del contrato de ATLL por “incumplimiento muy grave como consecuencia de la reincidencia en el cumplimiento de infracciones graves”, por lo que se liberaría al erario público de pagar cualquier indemnización.

Fiscalía de Barcelona señala en declaraciones a Europa Press que la investigación parte de la base de que los gestores de ATLL incurrieron en un delito de falsedad documental. Ahora, dispone de como mucho seis meses para completar las pesquisas.

Si coindice con Antifrau y considera que existen suficientes indicios de delito, remitirá la causa a un juzgado. Si no, se archivará. El fiscal general del Estado puede conceder una prórroga de otros seis meses para prolongar la instrucción si así se solicitara llegado el  momento.

Causa al margen de la ‘guerra del agua’

Esta causa transcurre de forma paralela a la guerra del agua, la lucha de Acciona y la Generalitat para demostrar que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (antigua Oarcc) no tenía razón cuando decidió excluir a Acciona de la licitación por no cumplir con el pliego de condiciones tras una denuncia de Agbar, el rival de los Entrecanales en el proceso.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) falló contra los intereses de Acciona y el Govern el pasado verano y decidió anular directamente el concurso público. Se espera la decisión final del Tribunal Supremo, ya que tanto Acciona como el gobierno de Artur Mas recurrieron la decisión del alto tribunal catalán.