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De izquierda a derecha, José Alberto Marín, presidente de la Corte Arbitral de Cataluña; Miquel Valls, presidente del Consejo General de Cámaras de Comercio catalanas; Germá Gordó, exconsejero de Justícia catalán; Pablo Llarena, presidente de la Audiéncia

La Corte Arbitral de Cataluña echa a andar un año después de su constitución

Los siete miembros de la comisión arbitral general buscan a los árbitros que se encargaran de emitir un laudo en los casos que lleguen a la mediación

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La Corte Arbitral de Cataluña está a punto de empezar a recibir los primeros casos que opten a por este proceso de mediación. Un año y un mes después de que la Generalitat (en ese momento el departamento de Justicia encabezado por Germá Gordó) impulsara su creación junto a la Cámara de Comercio y el colegio de Notarios, ya se han elegido a los siete miembros de la comisión arbitral general.

“La junta directiva no es la encargada de designar los árbitros ni de formarlos”, indica en declaraciones a Crónica Global el presidente del órgano de mediación catalán, el notario y profesor de la Universidad de Barcelona José Alberto Marín. Esta será una de las tareas capitales del órgano de expertos, cuya elección se ha demorado durante meses.

Otras fuentes conocedoras del proceso señalan que se intentó reflejar cierto equilibrio que, según las voces críticas, en la fotografía final no se acaba de dar.

Los siete miembros

Los siete miembros tendrán el mismo poder en el tutelaje y la toma de decisiones en la institución. Son José Ramón Ferrándiz, exmagistrado de la Sala uno del Tribunal Supremo y especialista en derecho mercantil, adscrito a la conservadora Asociación Profesional de Magistratura (APM); Inmaculada Folchi, letrada del Parlamento catalán y exsecretaria general de la Cámara, muy próxima a la Administración Pujol, y Tomás Font Llovet, catedrático de derecho administrativo de la UB desde 1987 y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña desde 1989 (la presidió entre 2005 y 2014).

La institución también cuenta con el punto de vista del magistrado jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y miembro del Consolado de Mar Ángel García Fontanet; Lluís Jou Mirabent, que ocupó varios cargos en el Colegio Notarial de Cataluña y fue director general de política lingüística de la Generalitat entre 1996 y 2003; y Fernando Pedro Méndez González, director de relaciones internacionales de la junta de gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad, exdecano del colegio español y profesor de la UB.

El último miembro es Mercè Pigem, representante de CiU en el Consejo General del Poder Judicial hasta 2014.

Reglamento del arbitraje

Su primer encargo fue redactar un documento muy sensible, las “normas que deberán seguir los árbitros en Cataluña para emitir un laudo”, afirma Marín. Son de obligado cumplimiento, por lo que debe ser un proceso que ofrezca “garantías a todas las partes” para que tenga éxito.

El proceso también debe ser lo suficientemente ágil para que los implicados opten por esta vía en lugar de acudir a la justicia ordinaria o, en el caso de la Administración Pública, ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP).

Fichaje de mediadores

El objetivo de las instituciones fundadoras es liberar la carga de trabajo de esta institución al mediar en conflictos en el sector en el que se enfoca. Aseguran que no se trata de un contrapoder porque la Corte estará centrada en mediar para propiciar un acuerdo entre las partes, un proceso distinto al que se sigue en cualquier otro tribunal.

Una vez constituida la comisión y redactado el reglamento, sólo falta elegir a los encargados de llevar la mediación. El fichaje de árbitros ha empezado, por lo que se espera empezar a atender los primeros conflictos en cuestión de semanas.