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Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, y Juan Rosell, presidente de CEOE, en una imagen de archivo.

La CEOE propone suprimir la mayoría de impuestos autonómicos

La patronal envía una carta a los partidos políticos para que trabajen por la estabilidad política y continúen el proceso de reformas estructurales

Redacción
2 min
La CEOE ha enviado hoy a los partidos políticos un documento de propuestas de cara a las elecciones generales en el que plantea suprimir la mayoría del casi centenar de impuestos autonómicos, por no estar ajustados a su finalidad y provocar "distorsiones" en el mercado interior y la competitividad.

En el documento, titulado Propuestas empresariales ante las elecciones generales del 26 de junio de 2016, la patronal también solicita que no se introduzcan nuevas figuras impositivas ni se recuperen algunas desaparecidas, "que no tienen ni eficiencia ni interés general".

En el texto, la CEOE hace una llamada a los partidos para que trabajen por la estabilidad política, intensifiquen el proceso de consolidación fiscal y continúen el proceso de reformas estructurales. Entre estas reformas, la patronal propone racionalizar el número de contratos y el régimen de bonificaciones, promocionando la contratación indefinida sin penalizar la temporal justificada.

Contratación a tiempo parcial

Además, defiende potenciar la contratación a tiempo parcial e intensificar la contratación de jóvenes con fórmulas más flexibles, así como aumentar los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas para facilitar su adaptación a las necesidades del mercado.

La patronal también aboga por erradicar las tasas de economía sumergida, y los supuestos de fraude y evasión fiscal para que el sistema tributario distribuya la presión fiscal de manera más equitativa.

En este sentido, el documento deja claro que el fraude fiscal no está en los regímenes tributarios especiales como las sociedades de inversión de capital variable (sicav) o las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), cuya supresión "provocaría deslocalización de patrimonios, menor inversión española y extranjera y, a medio plazo, menor recaudación".