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El director de LaLiga TV en Grupo Mediapro, Mario Bayarri; y el presidente de LaLiga, Javier Tebas / Oscar J. Barroso (EP)

La justicia autoriza a Movistar+ y LaLiga a bloquear plataformas pirata que emiten los partidos

La sentencia permite solicitar a las operadoras de acceso a Internet el bloqueo de los más de 40 portales web ilegales que ofrecen contenidos de fútbol en España

2 min

Una sentencia del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona autoriza a LaLiga y Movistar+ a solicitar a las principales operadoras de acceso a Internet en España el bloqueo semanal de las plataformas pirata que emitan partidos de fútbol de la Liga Santander y la Liga SmartBank.

Según ha explicado Movistar+ en un comunicado, la sentencia permitirá el bloqueo inmediato de dominios pertenecientes a las más de 40 plataformas IPTV y cardsharing piratas, métodos que se usan para obtener acceso simultáneo a una red de televisión de pago.

Actualización semanal

El fallo de la sentencia, emitida el 21 de diciembre, estima “íntegramente” la demanda conjunta que interpusieron LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital frente a algunas de las principales operadoras de nuestro país: Vodafone, Orange, MásMóvil, DIGI mobil y Telefónica España.

Así pues, acuerda de entrada el bloqueo de webs pirata identificadas por los promotores de la demanda en un plazo de 72 horas desde la notificación de la sentencia. Asimismo, el fallo autoriza comunicaciones por parte de LaLiga y Movistar+ “de forma periódica (semanal)” a las diferentes compañías operadoras para actualizar la ejecución de este acuerdo.

Monitorización de las webs bloqueadas

Por otro lado, la sentencia permite una monitorización durante “un tiempo acotado (que se contabilizará por temporadas deportivas) de esos concretos recursos web bloqueados, para identificar las modificaciones sobre sus formas de reconocerlas”, señala el fallo.

En la demanda se solicitaba autorización judicial para obtener una herramienta ágil e inmediata que permitiera luchar contra la piratería de eventos deportivos exclusivos, en línea con lo aprobado por el Parlamento Europeo, que en mayo instó a los Estados miembros a habilitar medidas legales en ente sentido.