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Detalle de la sede de BBVA en Madrid / EP

El juez acusa a BBVA de pagar 10 millones a Villarejo para espiar a rivales del banco

El magistrado Manuel García Castellón levanta el secreto de sumario sobre la pieza que investiga la relación entre la entidad y el excomisario

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado levantar el secreto de las actuaciones de la investigación de los contratos del BBVA con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que se sigue en el llamado caso Tándem. En el auto, el juez señala que los trabajos del expolicía implicaron "una injerencia en los derechos fundamentales" de los rivales del banco. Por estas labores, Villarejo habría recibido de la entidad financiera algo más de 10 millones de euros a lo largo de 13 años.

Según explica el magistrado en su auto de levantamiento del secreto de las actuaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, ha mantenido la pieza en secreto hasta ahora con el objetivo de estudiar "las sucesivas contrataciones del entonces comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo por parte de altos directivos de la entidad" que en 2018 no estaban "plenamente identificados" a excepción del responsable de seguridad corporativa Julio Corrochano, quien también era antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía.

Petición de Anticorrupción

La decisión del juez instructor llega después de que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción solicitara el levantamiento del secreto, que se había prolongado durante un mes más para que el magistrado pudiera terminar de estudiar todos los contratos que relacionaban al banco con el excomisario.

García Castellón apunta que la contratación de las empresas de Villarejo tenían por objeto el "desarrollo de múltiples servicios de inteligencia de carácter patrimonial", y de carácter "ilícito" teniendo en cuenta la "incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt con su condición de funcionario policial en activo".

El juez argumenta que esa actividad de Villarejo podría constituir un "delito de cohecho pasivo", y añade que el desarrollo de la prestación de los servicios contratados "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".

Diez imputados

Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de ex altos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.

Salvo el expresidente de la entidad Francisco González, el exejecutivo Antonio Béjar (que ha comparecido varias veces) y el BBVA, cuyos representantes legales estuvieron declarando durante 14 horas repartidas en tres días, todos los imputados en esta pieza optaron por acogerse a su derecho a no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional al no haber tenido acceso a las actuaciones.

Ante el juez y los fiscales anticorrupción, el representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, eximió de responsabilidad a la entidad financiera de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no llegó a señalar explícitamente pero de quien deslizó en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo.

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