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José María Aristrain, la Fiscalía General del Estado y el dinero presuntamente evadido al fisco por simular la residencia en Suiza / FOTOMONTAJE DE CG

Aristrain se enfrenta a pena de cárcel y a la mayor multa de la historia por fraude fiscal

La fiscalía considera que el magnate del acero defraudó 211 millones a hacienda al fijar su residencia en Suiza de forma ficticia

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José María Aristrain de la Cruz, el magnate vasco del acero y una de las primeras fortunas de España (con un patrimonio estimado en 770 millones de euros, según Forbes), afronta sus momentos más difíciles. La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid solicita para él una pena de 64 años de cárcel y 1.400 millones de euros por 15 delitos fiscales. Una petición que se suma a los 60 años de cárcel y 630 millones que le reclama la Abogacía del Estado por fraude fiscal.

La Fiscalía considera que Aristrain fingió que residía en Suiza --cuando en realidad seguía viviendo en España-- y ocultó sus acciones de ArcelorMittal en Luxemburgo. Además, desvió sus beneficios a través de sociedades pantalla a empresas situadas en las Islas Vírgenes Británicas y Malta.

De esta forma, el industrial habría evitado fraudulentamente el pago de 211 millones de euros a hacienda entre 2005 y 2009. El ministerio público pide la devolución de ese dinero presuntamente defraudado y de otros 1.190 millones de euros en concepto de sanción.

La Fiscalía insiste: Aristrain residía en España

Estas cifras sitúan el proceso contra Aristrain como el mayor caso de fraude fiscal de una persona en la historia de España. Hacienda lleva diez años investigando al adinerado empresario, cuando fijó su residencia fiscal a Suiza. Para la Fiscalía, se trata de "un montaje puramente artificial" que tenía "por único objeto eludir el pago del IRPF e Impuesto de Patrimonio que le correspondían como residente en España".

E insiste en que entre 2005 y 2009, el acusado residía en territorio español, que es "donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes".

Por su parte, la defensa alega que es legal tener acciones en Luxemburgo y que el empresario residía en Suiza, país donde pagó los impuestos reclamados por la hacienda española. Y, en todo caso, argumenta que la cuestión de dónde debe tributar --en Suiza o en España-- deben acordarla las autoridades de los dos países.