La inseguridad jurídica agrava los problemas de vivienda en Cataluña

“Generar inseguridad jurídica contrae la oferta”, advierte José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que apunta a la ley catalana del alquiler, pero sobre todo al requisito de destinar un 30% de todas las promociones nuevas a vivienda social. “Tenemos que evitar cualquier propuesta que vaya en contra de la generación de oferta”, asegura el profesor, que receta agilizar las licencias para construir, transformar locales en viviendas y activar una moratoria de requisitos arquitectónicos que demoran los proyectos.

Incremento de precios

Montalvo prevé que la crisis de oferta en Barcelona irá a peor, con la subsecuente subida en el coste de la vivienda, especialmente teniendo en cuenta la evolución de otros mercados. “En España e Irlanda, los precios no están creciendo tan rápido como en Alemania, pero es un desfase temporal; no llegaremos al 18% de Estados Unidos o al 15% de Holanda, pero habrá tensiones”, augura.

Construcción de una promoción residencial en el área metropolitana de Barcelona / AMB

“Tengo clientes que no quieren invertir en Cataluña”, admite Antonio Lodeiro, consejero delegado de la consultora Activum, que culpa al marco legal. “La inseguridad jurídica que sienten los inversores es grande”, indica. “Te ponen tantas trabas y requerimientos que los fondos de inversión y promotores dicen, puedo escoger entre 15 inversiones en Europa”, señala Lodeiro, consciente de que “la seguridad jurídica pesa mucho en la decisión”.

Años de papeleo

A ello hay que añadir la lentitud de las Administraciones. “Conseguir una licencia en según qué ayuntamiento es casi imposible, te pueden tardar fácilmente dos años por los temas más nimios”, afirma Lodeiro en consonancia con otras fuentes del sector. “Hay muy pocos municipios que funcionen bien y la mayoría tardan tiempos exagerados”, lamenta. De nuevo, en detrimento de la competitividad: “Desde el punto de vista de la inversión es fatal, porque el tiempo es la base del cálculo del retorno de la inversión”.

Juan José Aguilera, director de Relaciones Colegiales del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, coincide en el diagnóstico e identifica como principales problemas la “falta de suelo a disposición de nuevas promociones” y la “lentitud en concesión de licencias y permisos”, así como la “indefensión jurídica con respecto a la propiedad privada”. Por ello, reclama “políticas con más visión y a más largo plazo”, en vez de “hacer una política populista que es efectiva de cara al voto, pero que no consigue el efecto deseado”. Por ello, también vaticina una subida de precios: “Si acotamos el mercado de alquiler, la gente tiene que irse al mercado de compra y suben los precios de compra”, indica.

Alquiler social

Ante esta crisis de sobredemanda, Aguilera cree que “la solución es inyectar oferta en el mercado, sea libre o protegida”. “Las Administraciones tienen que construir vivienda con fines sociales y tendrá que ser una colaboración público-privada”, añade.

Montalvo suscribe que “la colaboración público-privada es fundamental, porque si alguna Administración se ha pensado que solo con presupuesto público puede solucionar un problema de acceso a la vivienda, está en la inopia”, ya que “en España se necesitan varios millones” de viviendas sociales. En este sentido, recomienda no hacer “ni una vivienda pública que no sea de alquiler” y buscar políticas con gran consenso político, siguiendo ejemplos de éxito como las iniciativas que Austria impulsa desde hace cerca de un siglo o, más recientemente y más cerca, el País Vasco.