La industria agroalimentaria denuncia que el PERTE del sector falla "en la forma y el fondo"

El PERTE agroalimentario va camino de convertirse en otra iniciativa malograda para el reparto de los fondos europeos. Como ha publicado Crónica Global, el diseño de los proyectos estratégicos del Gobierno ha pinchado por las dificultades burocráticas, la lentitud en la adjudicación de las ayudas y la falta de encaje con las necesidades reales de la industria. Las fuentes consultadas temen que este escenario se repita con el PERTE de un sector clave de la economía española.

Las cifras hablan por sí solas. Este segmento de actividad representa el 2,5% del PIB nacional y mueve más de 126.000 millones de euros al año, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [puede consultarse aquí]. Además, el número de ocupados en estas empresas asciende a 534.900 personas, con una penetración del empleo femenino mayor que otros nichos.

Las ayudas llegan tarde

De acuerdo con estas magnitudes, los empresarios aguardaban una canalización directa y rápida del maná europeo. Pero no ha sido así. Las quejas del sector van dirigidas tanto a la tardanza en la convocatoria de las ayudas como en los cambios que han desdibujado el macroproyecto auspiciado por el ministro Luis Planas. El más importante de ellos: la exclusión de actores relevantes de la cadena agroalimentaria.

"No nos convence ni en la forma ni en el fondo", sentencia un portavoz de una gran compañía cárnica. Por lo pronto porque el calendario del PERTE se ha retrasado repetidas veces. Preguntado por este medio, un portavoz del Ministerio de Industria, que da el aval a la concesión de ayudas, se ha limitado a comentar que aún se espera fecha tras la publicación de la orden de bases el pasado 1 de agosto.

Granja de porcinos / EP

Distribuidores y productores, excluidos

En principio, la primera remesa de fondos por valor de 500 millones --el PERTE contará con un montante total de 1.800 millones, tras elevarse su cantidad inicial en 800 millones-- podría llegar a mediados de noviembre, tal y como se comenta en los mentideros empresariales. Pero más allá del retraso en el lanzamiento de las ayudas, preocupa el contenido final de las medidas subvencionables con los Next Generation.

"Se ha dejado fuera a los agricultores y ganaderos. Pese a hablarse de un PERTE que beneficiará a toda la cadena, los pequeños productores estamos fuera", lamenta un portavoz del sindicato agrícola UPA. Crítica a la que se suma la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), cuyo presidente, Pedro Ruiz Aragonés, ha denunciado que se relega tanto la producción primaria como la distribución. "Sentimos desilusión y desconfianza", ha manifestado. Asimismo, se excluyen totalmente las empresas pesqueras y conserveras, además de las actividades cubiertas por la Política Agraria Común (PAC).

15% máximo de subvención

El PERTE agroalimentario se estructura en torno a tres ejes. El primero, enfocado a la modernización de los procesos productivos de la industria transformadora, es el que genera más entusiasmo empresarial, sobre todo en nichos como el envasador y procesador. En principio, este epígrafe también recogería grandes iniciativas como el Agroparc Penedès impulsado por el grupo Ametller. El segundo eje ha causado cierta sorpresa ya que recoge en gran medida las ayudas del Kit Digital, mientras que el último cuenta con menos presupuesto y se destina a medidas de apoyo al I+D.

Otros interlocutores advierten de que está por ver que los planes de las grandes corporaciones encajen definitivamente en las líneas maestras del PERTE. "Hay que esperar a consultar qué publica finalmente el BOE", manifiesta un buen conocedor del sector. Tanto porque los PERTE se estructuran en torno a proyectos tractores de consorcios empresariales que se desmenuzan en actuaciones concretas, que son las que se financian, como porque el porcentaje de subvención no supera el 15% del coste de dichos proyectos, según aclara un industrial.

Una trilladora en un campo / EP

¿Y las pymes?

Al igual que en el resto de PERTE, cunde el miedo de que las pymes queden apeadas del reparto. Pese a que los proyectos tractores deben contar con una participación mínima de pequeñas empresas, la brevedad con que se articularán las solicitudes una vez se dé a conocer la convocatoria complicará la alianza entre grandes corporaciones y pymes, según ha denunciado Vitartis.

El sector aún lanza una última advertencia: las compañías han entrado en crisis a raíz de la guerra de Ucrania. Si bien los fondos europeos pueden contribuir a dinamizar las compañías más allá de este bache, también es cierto que los pliegos no entrarán en aspectos problemáticos como el desabastecimiento de algunas materias primas y el encarecimiento de la energía. Problemas acuciantes y tan reales como los que pretende resolver un PERTE que, por el momento, genera más dudas que certezas.