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Los Mossos d'Esquadra observan a los manifestantes que cortaron las vías del AVE de Barcelona en el 'paro de país' que tuvo lugar el 8-11 de 2017 / EFE

Los independentistas politizan su huelga sin matices

Intersindical-CSC y IAC llaman a una movilización el 18-O en la que se llega a reclamar una jornada laboral de 35 horas para los funcionarios

08.10.2019 00:00 h.
6 min

El independentismo ha llamado finalmente a un nuevo paro de país en Cataluña el viernes 18 de octubre (18-O). El Tribunal Supremo aún no ha completado la deliberación de la sentencia del caso 1-O, e Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) han preferido curarse en salud y evitar llevar a cabo una protesta con un bajo seguimiento, en una decisión en la que se reconoce el carácter político de la medida, por lo que se dan una semana más de plazo.

Este es el principal motivo de la movilización que los organizadores esperan conseguir, aunque la justificación oficial ante la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, encabezada por Chakir El Homrani (ERC), alude a cuestiones laborales de dudosa actualidad. Los sindicatos independentistas reclaman la retirada de la llamada ley Aragonès, que se deroguen al completo las reformas laborales de 2010 y 2012, que las pensiones vinculantes se revaloricen en función del IPC (algo que se aborda en el Pacto de Toledo) e incluso que la jornada laboral de los trabajadores públicos de Cataluña esté fijada en las 35 horas semanales.

Desconvocatoria y convocatoria

Además, no se han limitado a reclamar una prórroga a la huelga que se había registrado para el 11 de octubre. No es extraño que en conflictos laborales abiertos las protestas cambien de día según cómo avancen las negociaciones entre la parte social y la empresarial, incluso que no se celebren en el día fijado tal y como señalan fuentes de los sindicatos mayoritarios catalanes. Con todo, este no ha sido el camino elegido por los independentistas.

Unos tractores cortan la AP-2 en uno de los 'paros de país' que tuvieron lugar entre octubre y noviembre en Cataluña / EFE
Unos tractores cortan la AP-2 en uno de los 'paros de país' que tuvieron lugar entre octubre y noviembre en Cataluña / EFE

Intersindical-CSC e IAC, dos organizaciones menores con presencia en el sector público, han registrado primero una petición de desconvocatoria con la que renuncian a que se fijen servicios mínimos --el acto de mediación en la Generalitat con este fin se debía celebrar hoy martes-- para entrar otro escrito a renglón seguido con la nueva fecha. Y lo hacen antes de que venza el plazo de 10 días naturales que deben pasar entre el aviso de huelga y su celebración.

Validación de la huelga en el Supremo

Foment del Treball y Pimec han mostrado de nuevo su rechazo a que se use la carta de una protesta laboral por reclamaciones con fines políticos. Con todo, el consenso que existe en las patronales y entre juristas especializados en derecho laboral es que la demanda partidista debe ser muy acusada para que un magistrado prohíba la celebración de una huelga. Más, si se pronuncia antes de la fecha de forma cautelar.

La organización empresarial encabezada por Josep Sánchez Llibre aseguró que se había superado esta línea en el segundo paro de país, el que se celebró el 8 de noviembre de 2017, cuando se recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los magistrados de la Sala de lo Social decidieron en mayo de 2018 que no existía “prueba de que la huelga fuera convocada en fraude de ley y con una finalidad exclusivamente política”.

Ahora se espera que la misma partida del Tribunal Supremo revise la exposición de motivos para validar esta resolución. Hasta que no se pronuncien, no se moverá de nuevo ficha ante la justicia.

Seguimiento previsto

En cuanto a las previsiones de seguimiento, el empresariado catalán reconoce que las compañías no han previsto planes de contingencia por los seguimientos previstos como sí ocurrió en convocatorias anteriores. Señalan que los efectos se pueden notar más por nuevas acciones de boicot en las infraestructuras que por la adhesión masiva de trabajadores, más allá del malestar que se pueda originar con la sentencia a los políticos que participaron en la celebración del referéndum ilegal independentista de 2017.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, en su intervención en la Casa Llotja de Mar / EFE
El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, en su intervención en la Casa Llotja de Mar / EFE

Todos menos la Cámara de Comercio de Barcelona, cuyo presidente, Joan Canadell, se ha convertido en uno de los principales defensores del denominado nuevo paro de país. Aunque esto le haya traído problemas incluso con la Cámara de España.