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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Dïaz Ayuso / EP

El impuesto a los ricos pone en riesgo el ‘paraíso fiscal’ madrileño

La Comunidad de Madrid, con la que el Gobierno mantiene un pulso por su política fiscal, se quedará sin una de sus armas para atraer la inversión en el caso de que el nuevo tributo salga adelante

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La polémica está asegurada con el nuevo impuesto a las grandes fortunas propuesto por Unidas Podemos en la coalición de Gobierno que forma con el PSOE. Y no sólo en el ámbito de los directamente afectados por un posible nuevo tributo, sino también en la esfera política. En el caso de que finalmente saliera adelante, supondría un disparo en la línea de flotación de la estrategia económica que ha seguido en los últimos años la Comunidad de Madrid y que le ha llevado a ser la región que más aporta al PIB de España. Uno de sus pilares es la reducción de impuestos, un asunto por el que había tenido serios encontronazos con el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez antes de que la llegada de la pandemia del coronavirus lo cambiara todo.

De acuerdo con el contenido de la propuesta que ha desvelado Unidas Podemos, la nueva figura fiscal ocuparía el lugar del actual impuesto sobre el Patrimonio que, de hecho, ya afecta a las grandes fortunas del país. Sin embargo, la Comunidad de Madrid decidió en su día bonificar prácticamente por completo este tributo, cuya gestión está transferida a las administraciones autonómicas y, por lo tanto, cuenta con competencias para ello.

 

Pablo Iglesias durante una sesión plenaria del Congreso

Estímulo fiscal

La circunstancia supone uno de los grandes atractivos fiscales que presenta la región que alberga la capital del país y ha provocado que en los últimos tiempos propietarios de grandes patrimonios hayan tomado la decisión de trasladar su domicilio fiscal a la Comunidad de Madrid para optimizar sus recursos. Porque la estrategia de los últimos gobiernos madrileños ha ido más allá y también ha pasado por suprimir el polémico impuesto de Sucesiones y reducir el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que ha convertido a la región en un polo de atracción para inversores y grandes patrimonios.

Buena parte de este armazón, considerado clave para que la Comunidad de Madrid se haya puesto a la cabeza de la economía española, se vendría abajo si finalmente el impuesto que propone la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sale adelante ya que uno de los elementos que presenta es el veto a que las Comunidades Autónomas puedan bonificarlo.

Fuga de capitales

De este modo, Madrid se quedaría sin uno de sus grandes atractivos fiscales y, además, tendría que asumir el riesgo de una posible fuga de capitales, que afectaría a todo el país pero especialmente a esta Administración por su estrategia fiscal.

 

Rivera: "Impuestos populistas provocarán que gente con recursos se marche de España" / EP

Los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio 2017, muestran que poco más de 600 contribuyentes declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros en España. De ellos, algo más de 400 se encuentran registrados en la Comunidad de Madrid. La bonificación del Gobierno regional les permite un ahorro cercano a los 1.000 millones de euros anuales. Una ventaja que perderían de un plumazo.

Sánchez, contra la "asimetría fiscal"

Pero además, la llegada del nuevo impuesto avivaría una fuerte controversia planteada hace tiempo entre la Administración autonómica madrileña y el Gobierno central. La agresiva estrategia de la Comunidad de Madrid provocó las protestas de otras comunidades que han visto cómo tanto grandes patrimonios como negocios se han trasladado a la capital atraídos por los citados estímulos. El Ejecutivo de Sánchez decidió tomar la bandera de la lucha contra la llamada “asimetría fiscal” al considerar que atentaba contra la cohesión social y del territorio e incluso amenazó a Madrid con llevar el asunto a la Comisión Europea.

Mientras, desde el Gobierno regional se acusó a Moncloa de invadir competencias que corresponden a las autonomías y querer imponer un modelo determinado por cuestiones ideológicas.

48.000 millones para los madrileños

“Cualquier intento de limitar la capacidad de la Comunidad de Madrid para establecer sus impuestos será ilegal, anticonstitucional y un ataque directo al pluralismo político”, afirmó el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, a comienzos de año, cuando la pesadilla del coronavirus aún era inimaginable.

Según los cálculos del Gobierno regional, desde que en 2007 se inició la política de reducir los impuestos en Madrid, más de 48.000 millones se han quedado en manos de los ciudadanos. En los últimos años, Madrid acapara unas tres cuartas partes de la inversión extranjera que aterriza en España y ha pasado de ser la cuarta comunidad autónoma en términos de PIB per cápita a liderar la clasificación, que también le ha otorgado el primer puesto en valores absolutos.

Una herida abierta

La pelea con Moncloa viene de atrás, cuando Unidas Podemos no formaba parte del Gobierno central. De hecho, el nuevo impuesto a los grandes patrimonios genera serias dudas en la parte socialista del Ejecutivo. Además, la idea ha formado parte de los programas de la formación morada desde su irrupción en el Parlamento.

Es decir, en ningún caso parece una medida que vaya especialmente dirigida a desestabilizar una Administración con la que el Gobierno ha tenido sus más y sus menos con el escenario fiscal de fondo. Pero, en cualquier caso, el nuevo impuesto no llegaría en el momento más oportuno posible puesto que vendría a hurgar en una herida abierta.