Una imagen de los accesos a la ciudad de Barcelona colapsados por el tráfico / EFE

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El nuevo impuesto de CO2 a los vehículos contaminantes entrará en vigor en 2019

El tributo tiene como objetivo empezar a alimentar la mitad del nuevo fondo climático catalán, pionero en España y en el sur de Europa

15 agosto, 2018 11:39

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha dado más detalles sobre el nuevo impuesto de CO2 a los vehículos privados más contaminantes. Calvet confía en que la tasa entre en vigor en enero de 2019, con el fin de empezar a alimentar la mitad del nuevo Fondo Climático.

"El impuesto creemos que lo podemos tener listo a partir del 1 de enero de 2019, y por tanto podremos empezar a nutrir este fondo que nos servirá para hacer un conjunto de actuaciones en beneficio de la sostenibilidad de Cataluña", ha afirmado el conseller.

El tributo está destinado a gravar determinados vehículos en función de sus emisiones de CO2, considerado el principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático.

Una medida pionera

La creación del fondo climático, pionero en España, es uno de los puntos más destacados de la Ley catalana de cambio climático, que aprobó el Parlament de Cataluña en julio de 2017, impugnada por el Gobierno central, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y desbloqueada por este tribunal a mediados de abril.

El único artículo que se mantiene suspendido es el que establece la prohibición de conceder permisos de exploración para la obtención de gas y petróleo mediante el polémico método del fracking.

No obstante, esto no implica ningún pronunciamiento definitivo del TC, que deberá entrar en el futuro en el fondo de los asuntos impugnados, probablemente con una sentencia que podría llegar dentro de unos años.

75 MILLONES DE EUROS AL AÑO

El nuevo fondo climático servirá para impulsar el fomento de las renovables, descentralizar redes y fomentar el autoconsumo eléctrico, entre otros.

Cuando el Consell Executiu del Govern aprobó el proyecto de ley, el entonces conseller de Territorio, Josep Rull, previó que la nueva medida impositiva recaudaría unos 75 millones de euros al año.