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Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos / EP

Iglesias aspira a recaudar 10 veces más pero con menos contribuyentes

El nuevo impuesto que propone para grandes fortunas desea multiplicar por 10 el actual de Patrimonio, al que sustituiría, pese a que gravaría una base más pequeña que la de éste

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La propuesta de Unidas Podemos para establecer un nuevo impuesto que grave los grandes patrimonios cuenta con un objetivo cuantificado en cuanto a recaudación se refiere. La formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que por este concepto el Estado podría ingresar aproximadamente 11.000 millones de euros anuales. La cifra llama la atención por su contraste con la recaudación del actual impuesto sobre el Patrimonio, al que relevaría, y que es de apenas un 10% de la meta que persigue la medida abanderada por la formación morada. Y todo esto con la dificultad añadida de que la base que grava es incluso menor.

El impuesto que actualmente está en vigor grava a patrimonios a partir de 700.000 euros. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria disponibles acerca de su liquidación, algo más de 202.000 contribuyentes están afectados por el tributo, con una base de 690.000 millones de euros. En función de los baremos que utilicen las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de gestionarlo, los tipos establecidos van desde el 0,2% hasta el 2,75%, aplicados de forma progresiva en función de la cuantía del patrimonio. El mínimo es para cantidades hasta 1,5 millones de euros y los siguientes umbrales se sitúan en seis millones, 30 millones y de ahí en adelante.

 

 

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno / EP

Sólo 600 "ultrarricos"

El nuevo impuesto sobre los grandes patrimonios contempla tipos que van desde un mínimo del 2% hasta un máximo del 3,5%, que se aplicaría para aquellos contribuyentes que declararan cantidades por encima de los 100 millones de euros. Si se tiene en cuenta que los datos de la Agencia Tributaria hablan de apenas 600 declaraciones por encima de los 30 millones de euros, cabe concluir que una gran mayoría se concentra en el primer tramo (entre uno y 10 millones de euros) y que, por lo tanto, el tipo medio se encontraría entre el 2% y el 2,5%.

Con el supuesto de un ingreso de 11.000 millones de euros por este concepto, la base que gravaría el nuevo impuesto se situaría entre 550.000 y 625.000 millones de euros, inferior a la del actual impuesto de Patrimonio.

Veto a las bonificaciones

Tres de cada cuatro contribuyentes que tributan por patrimonio declaran una cifra inferior a seis millones de euros. Es cierto que con el nuevo impuesto pasarían a pagar un tipo más elevado pero también lo es que la diferencia no justifica una recaudación que multiplique por diez la actual. Tampoco la aplicación de un tipo elevado en el tramo alto, ya que en este supuesto se encuentra un número muy limitado de contribuyentes.

Una de las principales novedades que incorporaría el nuevo tributo es la imposibilidad de ser bonificado por las Comunidades Autónomas, al contrario de lo que sucede con el actual. Es el caso de Madrid, motivo por el cual buena parte de los grandes patrimonios tributan en esta región. No obstante, la recaudación en concepto de Patrimonio que correspondería a estos contribuyentes se calcula en unos 1.000 millones de euros, cifra que se vería corregida al alza al aplicar un tipo algo más elevado que el que pagarían con el actual impacto. Pero, en ningún caso, suficiente para siquiera duplicar la mencionada.

Cuadrar el círculo

El objetivo de los 11.000 millones solo parece posible si la mayoría de los grandes patrimonios fuera superior a 50 millones de euros. Sin embargo, la realidad dibuja un escenario totalmente opuesto.

La mayor diferencia de tipos que plantea el nuevo impuesto se concentra precisamente en la parte baja, en torno a un punto y medio porcentual. En el caso de poder realmente triplicar la recaudación en este tramo, los ingresos obtenidos se irían por encima de los 3.000 millones, a lo que podrían sumarse entre 2.000 y 2.500 millones procedentes de los patrimonios elevados de la Comunidad de Madrid aunque, en este caso, la diferencias no llega al punto porcentual. La brecha de más de 5.000 millones hasta el objetivo final forma parte del desafío intrínseco de la propuesta de Unidas Podemos.