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Interior de la mina de Cabanasses, una de las explotaciones de Iberpotash en la comarca del Bages (Barcelona) / CG

Iberpotash recibe un nuevo espaldarazo de la Generalitat

El Govern aprueba el estudio de impacto ambiental para que crezca el depósito salino de Cogulló mientras los Mossos d’Esquadra señalan que la empresa contamina

7 min

La multinacional israelí ICL ha recibido este agosto un nuevo espaldarazo de la Generalitat para superar los obstáculos legales con los que lidia su negocio en la comarca del Bages (Barcelona), la empresa Iberpotash. El departamento de Territorio y Sostenibilidad ha hecho público el acuerdo de declaración de impacto ambiental del proyecto de crecimiento del depósito salino de Cogulló. Un documento que se trabaja desde finales del año pasado y que resuelve la falta de autorización ambiental de la explotación del municipio de Sallent.

La tramitación es tan especial que se ha dado luz verde a la evaluación de una actividad que ya está en marcha y no para una de nueva implantación. Algo poco habitual en un estudio en este sentido, indican fuentes jurídicas consultadas.

Limitar las consecuencias sobre el medio

Aseguran que va contra la naturaleza de este tipo de documentos que, básicamente, sirven para detectar las medidas correctoras que una empresa deberá poner en marcha para limitar las consecuencias de su actividad sobre el medio ambiente.

Pero lo que más ha enervado a las plataformas ciudadanas y ecologistas que denuncian desde hace más de una década el impacto sobre la natura de la extracción de potasa en Sallent --y que consiguieron que la justicia impugnara la actividad de la mina-- es el detalle del nuevo estudio. “La Generalitat se limita a enumerar las medidas correctoras que ha ejecutado la compañía en los últimos años”, indican los interlocutores consultados.

Compendio de medidas correctoras

Concretamente, las que se han impulsado desde 2008. En cuanto a las mejoras técnicas, el Gobierno catalán señala que se seguirá la evolución del depósito de residuos salinos e indica que se debe distribuir de la forma más uniforme posible.

Asimismo, avisa a ICL que necesita una planificación de emergencias y evaluación y seguimiento de los incidentes; mantener y mejorar la captación de aguas salinizadas que se realiza en seis pozos; continuar en el aprovechamiento del agua de lluvia que cae en el monte de sal del Cogulló y controlar el entrono; reducir las emisiones sonoras y las partículas en el movimiento de los residuos en cintas transportadoras; mantener las rasas perimetrales y dar salida a los restos “a otros sectores productivos como son el químico y el de servicios (carreteras) además de buscar de nuevos”.

Esta última cuestión se ha conseguido ya, indican interlocutores de Iberpotash, con la puesta en marcha de un plan para llegar a los residuos cero en 2021. En esa fecha la actividad ya se concentraría en Súria y, además de potasa, se cristalizarían parte de los deshechos para producir sal Vacuum y se comercializará en el sector servicios.

Monte de sal más alto que el Tibidabo

Iberpotash podrá proseguir la explotación de Sallent como máximo dos años más siempre que el depósito del Cogulló no alcance los 515 metros de altura --el Tibidabo de Barcelona tiene 512 metros--. Así se pactó en otra resolución sorprendente, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), publicada en los últimos días de junio.

Imagen de archivo de la escombrera de Iberpotash de Sallent, el Cogulló / CG

Imagen de archivo de la escombrera de Iberpotash de Sallent, el Cogulló / CG

La sala decidió prorrogar el cierre de la mina prevista para esta fecha en tan sólo 24 horas. Resolvió con una premura inédita en el alto tribunal los problemas con la legislación urbanística que tenía la explotación.

Ahora, zanja las trabas con las normas ambientales. Y lo consigue casi de forma paralela a la aparición de un nuevo atestado de los Mossos d’Esquadra que concluye que Iberpotash aún contamina el territorio.

Instrucción de la causa penal

El informe de los agentes del Área Central de Medio Ambiente de la policía autonómica se realiza a petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Manresa (Barcelona) que investiga los presuntos delitos ambientales que habría cometido la compañía.

Una causa que se tramita por la vía de lo penal y atañe a varios exdirectivos del grupo. Ninguno sigue en activo, señalan fuentes de la actual ICL Iberia.

Investigación de las autoridades

Los agentes realizaron varias mediciones en la compañía y sus alrededores entre febrero y abril del ejercicio en curso que se compararon con los parámetros conseguidos en años anteriores. Las ejecutaron en días de buen tiempo y lluviosos, ya que la meteorología es capital en este tipo de análisis.

Concluyeron que la empresa nunca ha realizado vertidos descontrolados en la zona, pero que la salinización que afecta a los ríos, fuentes y pozos de la zona “continua igual y en ninguno de los casos ha sido recuperado su estado inicial”, indica el documento​ al que ha tenido acceso Crónica Global.

Estado de la explotación de Súria

Señala que en la explotación de Súria, donde se concentrará a medio plazo la actividad de ICL en Cataluña, “restan por eliminar gran parte de las aguas subterráneas” que bajan por la denominada zona del Fustaret. Asimismo, alertan de que “el colector de Salmorres no tiene más capacidad y la Agencia Catalana del Agua (ACA) no autoriza” su ampliación.

Sentencia que “difícilmente se podrá recuperar” la afectación en los acuíferos del Bages “porque, al margen de las mejores que actualmente se impulsen alrededor de las escombreras, están en constante crecimiento y sobre el mismo terreno”. Y alertan de que “quedó demostrado en una sentencia anterior de 2014 que no era impermeable y permitía que la salinidad se extendiera en el territorio con afectación en el medio ambiente”. Unas apreciaciones que ya están en manos del juez de Manresa. 

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