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Proyecto de electrificación de Iberdrola con energías renovables / EUROPA PRESS

Los 'errores' en la instrucción del 'caso Villarejo' que atentan contra la reputación de Iberdrola

La Audiencia obliga al magistrado a volver a imputar por falsedad al mal denominado ‘testigo clave’ y a investigar la falsedad de su informe

Gerard Mateo
6 min

La Audiencia Nacional ha enmendado uno de los errores del juez Manuel García Castellón en la pieza 17 del caso Villarejo, la que afecta a Iberdrola. En el fallo, hecho público ayer, la sala dio un giro a la instrucción y tumbó la estrategia de los fiscales y del magistrado para conseguir que el excontroller de funciones corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo sea testigo de cargo gracias a un presunto documento que dejó en una notaría hace 17 años y que Iberdrola asegura que es una burda falsificación, que nunca estuvo en los archivos de la compañía.

Hasta ahora, la estrategia de los fiscales, con la anuencia del juez, se ha basado en convertir a José Antonio del Olmo en el “testigo clave” para imputar al hoy presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a la filial Iberdrola Renovables. La esperanza de Del Olmo, que ante el tribunal declaró abiertamente su antipatía a Galán, es que a cambio de su testimonio los fiscales le “salven”, ya que es él la persona que, junto al jefe de seguridad de la energética, aprobó y firmó durante años las facturas de Cenyt, la empresa de Villarejo.

Crisis reputacional

Aunque en algún auto previo al verano el juez llegó a cometer el error de denominar a Del Olmo como “testigo clave”, lo cierto es que el excontroller no es testigo, sino que está imputado por cohecho continuado, igual que Antonio Asenjo. Y, desde ayer, la investigación crece: la Sala de la Audiencia la vuelve a imputar por falsedad documental.

En un error de libro, la fiscalía y el juez decidieron archivar por prescripción la querella presentada por Iberdrola contra la falsificación del documento por parte de Del Olmo. Fiscales y magistrado querían que el documento tuviera validez acusatoria en la instrucción sin validar en ningún momento si era fraudulento. De esta forma, intentaban salvar a su testigo clave y, de paso, negar a Iberdrola su derecho a defenderse y ser parte acusatoria en una causa que le está produciendo una crisis reputacional con consecuencias en la compra por 8.000 millones de dólares de PNM, la eléctrica con presencia los estados de Nuevo México y Texas (EEUU).

Iberdrola podrá defenderse

Con el fallo de ayer, todo vuelve a la normalidad. Iberdrola podrá defenderse de un exempleado que durante una década validó las facturas de Villarejo; que está investigado por cohecho y falsedad en la Audiencia Nacional; que está imputado por robo de facturas y revelación de secretos en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid y que, finalmente, está condenado por un juzgado mercantil de Bilbao por sustracción de documentación y revelación de secretos a través de un medio de comunicación.

La instrucción de la pieza Iberdrola ya lleva más de dos años. Durante 12 meses, ni el juez ni los fiscales se pronunciaron sobre la querella presentada por Iberdrola en Bilbao contra Del Olmo, de forma que la compañía no pudo ejercer como parte perjudicada y defender legítimamente sus derechos. Esta indefensión provocó meses y meses de erosión reputacional que se agravó con la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán.

La demora y el perjuicio para la energética

A finales de julio, el propio juez García Castellón dictó un fallo en el que se desimputaba al presidente de Repsol, Antoni Brufau, y al expresidente de Caixabank Isidro Fainé por haber contratado sus empresas los servicios de Cenyt. El auto alegada que los presidentes de las compañías no eran responsables directos de las contrataciones y sus imputaciones aparejaban una grave erosión de la reputación de sus sociedades.

Desde el pasado 2 de agosto, el juez tiene sobre la mesa una petición de sobreseimiento de Ignacio Sánchez Galán por prescripción de los delitos que presuntamente se le imputan (todos anteriores a 2009 y con prescripción máxima de 10 años). Aunque han pasado más de tres meses y el consejo de administración de Iberdrola ya advirtió al juez de la degradación reputacional que se está produciendo, con el fin de acelerar la investigación todo lo posible, lo cierto es que en esta ocasión a García Castellón no parece preocuparle la erosión a la reputación de una de las primeras eléctricas del mundo que debe operar en el mercado internacional de las grandes cotizadas con el lastre de una sospecha que arrastra desde hace más de dos años.