Las huelgas duras que cada vez fastidian menos

Malos tiempos para querer poner una ciudad, una comunidad o un país patas arriba. Durante años las convocatorias de huelga se convirtieron en un regulador dramático que tenía en vilo a una gran parte de la sociedad. Unos pocos eran capaces de poner en jaque a muchos. No hace tanto tiempo de aquellos conflictos en los que los pilotos del Sepla o los maquinistas de Semaf dejaban a media España sin viajar en verano. La llave laboral como ejercicio de presión sigue funcionando -el ejemplo del conflicto del taxi en Madrid y Barcelona, está todavía muy reciente- pero este pasado verano se han vivido dos experiencias que han provocado a sus organizadores que el tiro les saliera por la culata.

Convocatorias de huelga por parte de distintos sectores

¿Ha cambiado la interpretación del derecho a la huelga? La verdad es que parcialmente sí. Antes era muy difícil que una administración o un juez se atrevieran a cuestionar las exigencias sindicales pero la experiencia de este verano con los casos de los montadores del festival Sónar y con los empleados de seguridad del aeropuerto de El Prat, Trablisa, ha sido ejemplarizante.

El caso del Sónar

En el primer caso, con uno de los festivales más importantes e internacionales que se celebran en España en julio, el Sónar, a punto de sucumbir, un juez se atrevió a permitir que Fira de Barcelona podía contratar a otra empresa para montar la infraestructura necesaria para celebrar el festival. Ese ataque furibundo a lo que algunos todavía siguen preconizando como el inalterable derecho a la huelga permitió que miles de ciudadanos disfrutaran de una de las citas obligadas del año. El magistrado en cuestión, el inefable Santiago Vidal, castigado en su día por el Poder Judicial por su intento de redactado de una constitución catalana y recién reincorporado a la vida judicial, fue tajante al analizar una demanda laboral que lo único que pretendía era paralizar una acción que perjudicaba a muchos y beneficiaba a unos pocos.

Público asistente al festival Sonar 2019 / EFE

Todavía de mayor enjundia fueron las medidas adoptadas para neutralizar la huelga de vigilantes en el aeropuerto Josep Tarradellas. El Prat se estaba preparando para vivir un caos sin precedentes por los presumibles problemas de seguridad que iban a generar los paros previstos por los empleados de Trablisa. En una decisión poco común, la administración catalana previó unos servicios mínimos del 90 por ciento. La medida cayó como un jarro de agua fría entre los sindicalistas de Trablisa. Su estrategia de generar un atasco mayúsculo entre la población iba a convertirse en una anécdota. De hecho, muchos viajeros, atemorizados por las posibles consecuencias de la huelga de agosto, comprobaron como las colas y la eficacia para pasar el control de seguridad eran más fluidas que en los días sin conflicto.

Los laudos

La vigilancia policial ayudó a que los mínimos máximos se cumplieran y las consecuencias fueran inexistentes. De hecho, acabaron parando exclusivamente los miembros del comité de huelga (diez personas) de los 500 empleados llamados a convertir el aeropuerto barcelonés en una olla exprés.

Empleados de Trablisa, en El Prat, secundando la huelga de personal de seguridad / EUROPA PRESS

Las decisiones valientes de la administración en materia laboral nunca han abundado. España vivió un laudo obligatorio en 1981 para zanjar un conflicto laboral en las gasolineras del país y en 1988 la Generalitat tuvo los arrestos para dar carpetazo a las huelgas de la construcción que azotaron Barcelona durante nueve meses y hacían peligrar el futuro de la construcción de las obras olímpicas. Uno de los referentes de las relaciones laborales en España, Rafael Ortiz, fue el director general de la administración catalana en aquel momento encargado de cortar de un plumazo los intentos reivindicativos que amenazan el bien común olímpico.

¿Y ahora qué?

Con un otoño con el fantasma de la recesión sobrevolando la cabeza del mundo empresarial y con las repetidas luchas sindicales por agitar la coctelera de la paz social en el sector de la movilidad habrá que ver qué derrotero adquieren los futuros conflictos que se avecinen. El permanente vía crucis de las decisiones de los taxistas para el ciudadano pondrá a prueba las decisiones de las administraciones responsables, según la comunidad en la que se desarrollen los paros. Y por supuesto, otro clásico de la inestabilidad laboral es el que convocan cíclicamente los sindicatos para el transporte público de Barcelona y el área metropolitana aprovechando la feria más importante y más trascendente para Barcelona como es el Mobile World Congress. ¿Habrá permisividad para esa amenaza o gestión responsable?