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Un taxista muestra un cartel durante la huelga que reivindica el cumplimiento del ratio 1:30 de las licencias VTC / Youtube

Las autonomías, más sensibles con el taxi que Fomento

Los expertos alertan de que las regiones podrían tratar de provocar un 'cerrojazo' de licencias de VTC, las que utilizan Uber y Cabify, rivales de los taxistas

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Las autonomías serán más sensibles a las demandas del sector del taxi que el Ministerio de Fomento. Así lo creen varios expertos consultados por este medio, que creen que ahí radica el origen del conflicto que dio lugar a los paros salvajes de los taxistas durante ocho días en España.

"La intención de los conductores de traspasar las competencias para conceder permisos de vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que utilizan Uber o Cabify, a las comunidades autónomas (CCAA) se sustenta en que después quieren entregarlas a los ayuntamientos. Y algunos de éstos, gobernados por coaliciones cercanas a Podemos, pretenden expulsar a la competencia del sector del transporte terrestre", ha explicado Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto. Algo similar, desde un punto de vista jurídico, ha razonado Rosa Guirado, letrada, economista y fundadora de Legal Sharing. "La Unión Europea se opone a la ratio de un permiso VTC por cada 30 taxis. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, también, la Autoridad Catalana de la Competencia, opina lo mismo. Ir a los ayuntamientos busca cerrar la libre competencia", ha razonado.

¿Pedirán muchas CCAA las competencias?

Inquiridos sobre si muchas comunidades autónomas pedirán compartir con Fomento las competencias para otorgar o denegar autorizaciones VTC, las que utilizan los rivales del taxi, los expertos lo tienen claro. "Depende del caso". Así lo ve, por ejemplo, Eduardo Martín. "Ya hay algunas, como Galicia o la Comunidad Valenciana, que han dicho que no les interesa entrar en la cogestión de estas competencias. En mi opinión, Cataluña y Madrid, las más activas en este sentido, serán las primeras que lo pedirán", ha avanzado. Ello no es óbice para que el directivo advierta de que si las CCAA gestionan VTC y, a su vez, habilitan a los ayuntamientos, éstos no puedan quitar permisos del mercado. "Sería ilegal".

Además de estas regiones, en el resto hay variedad. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que "no pagará la chapuza de las VTC". Por su parte, la posición de la Junta de Extremadura es un tanto distinta. Ve "razonable" el traspaso, pero también parte de una situación diferente. Es la única autonomía que se acerca al equilibrio 1:30 fijado por ley, con una proporción de 1:28. Algo similar ocurre en Castilla-La Mancha (1:26), con gobierno socialista. También son favorables Euskadi, Asturias, Baleares y Canarias. Por el contrario, en Castilla y León (1:20), el Ejecutivo autonómico de Juan Vicente Herrera parece más refractario a las intenciones del Gobierno, igual que en Cantabria y Murcia (1:6). La incógnita es La Rioja, donde en Logroño la ratio entre taxis y VTC alcanzará el equilibrio perfecto 1:1 a final de año. 

"Cualquier ayuntamiento debería hacerlo"

Una opinión distinta tiene Pedro Barrera, socio fundador de Taxi Ecològic, una de las mayores flotas de taxis de Barcelona. "Cualquier ayuntamiento de España que esté preocupado por el medio ambiente debería reclamar a su gobierno autonómico las competencias y el derecho a imponer una doble licencia urbana. Sólo hace falta salir al balcón de la casa consistorial y ver si el aire que respiran los ciudadanos es sano o no. El motivo medioambiental debería ser suficiente", ha razonado. Bajo su punto de vista, es "incomprensible" que autonomías como la Comunidad Valenciana lo rechacen. "Es quitarse poder a uno mismo".

Cabe recordar que la cogestión de la legislación sobre licencias VTC, las que utilizan rivales del taxi como Uber o Cabify, fue la solución que halló el Ministerio de Fomento para desactivar la huelga de taxistas en España. El ministro José Luis Ábalos anunció un "nuevo marco normativo" en septiembre que "habilitará" a las autonomías que lo deseen a legislar sobre esta materia. Después, los gobiernos regionales podrán permitir a los ayuntamientos imponer una doble licencia urbana a las plataformas. Ésta era una de las principales demandas de los taxistas para abandonar el paro salvaje. De este modo, el sector sortearía la suspensión del reglamento anti-Uber que aprobó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en junio, pero que suspendió el Tribunal Superior de Justicia de cataluña (TSJC) días después.