La oposición fuerza a Colau a permitir los hogares compartidos

La oposición ha forzado al gobierno municipal de Barcelona a dar marcha atrás con los hogares compartidos. El Ejecutivo local que preside Ada Colau deberá autorizar la actividad de abrir las casas a los visitantes, un sector que el bipartito buscaba prohibir. 

Ocurrió ayer martes en la comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, sesión en la que Junts, PSC --socio de Barcelona en Comú en el gobierno municipal--, Ciudadanos, PP y BCN pel Canvi instaron al bipartito sociocomún a respetar el marco aprobado por el Gobierno catalán. Hecho que llevará a autorizar el alquiler de habitaciones a turistas en la Ciudad Condal. 

Marcha atrás a la prohibición

La proposición, presentada por Junts, dividió al gobierno municipal. Más importante si cabe, el acuerdo pone en un brete la propuesta de prohibir la actividad de compartir casa por un periodo inferior a 31 días, como pretende el área de Urbanismo, que pilota la teniente de alcalde Janet Sanz, de BComú. 

Por ahora, en Barcelona rige una moratoria que prohíbe la actividad de las habitaciones turísticas hasta agosto de 2021. En paralelo, el Ejecutivo local está en proceso de redacción y tramitación de un nuevo plan hotelero, el Peuat, que podría ilegalizar esta práctica si se aprueba. 

"Valor a la ciudad"

Esta postura inflexible tiene escaso consenso incluso en el seno del gobierno municipal. El PSC, socio minoritario de BComú, apoyó ayer la proposición de Junts que pedía regular la actividad. El texto reconoce la actividad de los anfitriones, de la que destaca su aportación de "valor a la ciudad" y la capacidad de "complementar los ingresos" de las familias. 

Los hogares que abren sus puertas a visitantes son unos 7.600, según cálculos de la oposición. Les asiste el derecho a hacerlo, pues el decreto 75/2020 de la Generalitat de Cataluña [consultar aquí] lo permite. No obstante, el Ayuntamiento elevó una moratoria en agosto de 2020, el primer paso para limitar el sector. La oposición avisó ayer al Ejecutivo local de que ello es lesivo para la ciudad. Desde Junts, que presentó la propuesta, se pidió armar un nuevo marco normativo para la actividad antes de que venza el cerrojazo en agosto del ejercicio en curso.