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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España, en una imagen de archivo / EFE

Batalla entre Hacienda y las empresas de transporte público

Las gestoras del servicio deben hacer frente a la reclamación del IVA de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 por una “evolución de la propia jurisprudencia de la UE”

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Las empresas que se encargan del transporte público en el país están en pie de guerra contra la Agencia Tributaria por el cobro del impuesto del IVA. Las gestoras del servicio no tributaban este impuesto hasta la fecha y se han topado con un goteo de reclamaciones para que se les reformulen las cuentas de 2013, 2014 y 2015. Les exigen que se contemple el devengo de la tasa en estos ejercicios.

Fuentes cercanas a Hacienda aseguran que de esta forma se cumplirá con la normativa de la Unión Europea que afecta al sector. Indican que no ha habido ningún cambio en la legislación, sino una “evolución de la jurisprudencia comunitaria”.

Los portavoces de la patronal de autotransporte de viajeros enmiendan esta apreciación. Mantienen que sí que se ha cambiado el marco legal vigente y algunos de los afectados critican directamente un presunto ánimo recaudatorio de la medida. Hacienda, por su parte, ha declinado hacer comentarios sobre la cuestión porque hace referencia a comprobaciones que aún están en curso. Por lo que impera la discreción hasta que se resuelvan.

Discrepancias sobre las subvenciones

En el fondo, lo que existe es una discrepancia sobre cómo se reflejan las subvenciones públicas en las bases tributarias. Hacienda considera que corresponden a la prestación de un servicio, indican los afectados con las reclamaciones en la mano. El Tribunal de Luxemburgo ya se ha pronunciado sobre esta materia. Considera que se debe pagar el IVA.

Pero la patronal del sector defiende que las subvenciones que perciben los operarios del sector tienen como finalidad cubrir el déficit del servicio, no el servicio integral. Una ligera diferencia que les permitiría mantener la excepción del impuesto.

Defensa de una política social

Mantienen que propiciar los precios bajos del transporte público es una “política social” y no se puede obligar al usuario a abonar el coste integral del servicio. Dejaría de ser competitivo frente al transporte privado.

Al mismo tiempo, también es inviable que la totalidad del coste se asuma desde las arcas públicas, mantienen otras voces expertas en el ámbito. Añaden que sería injusto para los que no son usuarios del transporte público. Una defensa a ultranza del modelo actual.

Recurso administrativo

La cuestión se resolverá en los tribunales. Los primeros operadores que han recibido las reclamaciones de la Agencia Tributaria, empresas públicas y operadores de gestión indirecta, han presentado demandas ante los tribunales económicos administrativos centrales. Las resoluciones de este órgano pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, después.

Es más que probable que se complete el periplo judicial para esclarecer si estas subvenciones están libres del pago del IVA, según los implicados.

Incremento del precio del servicio del 10%

Pero mientras el proceso sigue vivo, las compañías se han visto obligadas a hacer frente a las reclamaciones de la Agencia Tributaria. Este ha sido el caso de la empresa operadora del tranvía de Barcelona. La sociedad dirigida por el exconsejero de Interior y Empresa catalán, Felip Puig, ha presentado un aval por un valor de cuatro millones de euros ante Hacienda.

No ha sido uno de los más elevados, indican fuentes conocedoras de las actas que se han levantado. La patronal mantiene que si se aplicara el IVA, el presupuesto del transporte público del país incrementaría el 10%. Una subida que haría más complicada la supervivencia de las operadoras. Afirman que existe otra alternativa: que se repercuta a los viajeros.