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La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero / EP

Hacienda estudiará ayudas fiscales si el coronavirus impacta en la economía

Las empresas que paren su actividad por el Covid-19 podrán verse exoneradas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social en casos de "fuerza mayor" autorizados por la autoridad laboral

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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el Ejecutivo estudiará implementar ayudas fiscales a las empresas si el coronavirus se alarga en el tiempo e impacta en la economía.

Montero ha subrayado ante la prensa que el Gobierno está preparado y "trabajando para estar listos" si esto ocurriera. Así, ha apuntado que podrían poner en marcha medidas económicas similares a las que ha adoptado el Ejecutivo italiano para ayudar a las empresas a reducir el impacto económico que causaría el coronavirus en el crecimiento del país.

No obstante, la ministra también ha matizado que "todavía no podemos hablar de que se note en el funcionamiento habitual de la economía"

Sea como fuere, la Generalitat de Cataluña, mediante su consejera de Empresa y Conocimiento Àngels Chacón, admitió ayer que desde su departamento ya tienen constancia de que hay empresas que han tenido que parar su producción durante unos días debido a este nuevo virus, "a la espera de cómo evoluciona la situación".

Ahorro en las cotizaciones

En este sentido, la guía práctica del Ministerio de Trabajo contempla la posiblidad de que las compañías que tengan que detener su actividad por el coronavirus puedan ser exoneradas de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores los días que dure el cierre.

Las empresas afectadas sólo dejarían de abonar sus obligaciones si acreditan "fuerza mayor", algo que deberá ser autorizado por la autoridad laboral competente.

"La Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador", explica la guía del Ministerio de Trabajo.

De este modo, si una empresa se viera obligada a registrar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), justificara su aplicación por fuerza mayor y ésta se le reconociera, no estaría obligada a hacerse cargo de las cotizaciones, aunque éstas se le mantendrían a sus trabajadores. El coste lo asumiría el erario público. Si se produjeran despidos, y se admitiera su justificación, las indemnizaciones las asumiría el Fondo de Garantía Salarial.

Razones de "fuerza mayor"

Aunque no todas las compañías afectadas podrán beneficiarse de estas medidas, ya que antes deberán ser autorizadas por la autoridad laboral competente, ya sea el Ministerio de Trabajo o las Consejerías de comunidades autónomas, como sería el caso de la Generalitat. Éstas decidirán si las peticiones de las empresas se aceptan o no.

Entre las razones de "fuerza mayor" figuran que se pueda acreditar una ausencia masiva de trabajadores por aislamiento, por causas médicas, o bien una orden directa de la autoridad sanitaria para clausurar el centro de trabajo. Las compañías estarán obligadas a detener su actividad si existe riesgo "grave e inminente" de contagio.

En cambio, no se considerarán causas de "fuerza mayor" cuando la empresa deba cerrar o paralizar su actividad debido a la escasez o falta total de suministro de materiales. Ni tampoco una disminución de la demanda que cause un exceso de existencias, falta de compradores o la imposibilidad de ofrecer sus servicios. 

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Ministerio recuerda que cuando las personas trabajadores estén, o puedan estar expuestas, a un riesgo "grave e inminente" en su trabajo, la compañía deberá informar lo antes posible y adoptar medidas necesarias para que se pueda interrumpir la actividad y, si fuera necesario, "abandonar de inmediato el lugar de trabajo".