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Los vocales del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Josep Canal y Montse Cerqueda / CG

Graduados Sociales denuncian “irregularidades” en las cuentas y la gestión del gobierno del Colegio

Dos vocales advierten de un viaje a Cuba del decano y vicedecano con sus parejas, que supuso un gasto de 12.680 euros, como el origen del problema, por el cual sufren “acoso y discriminación”

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Dos vocales del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Josep Canal y Montse Cerqueda, han denunciado presuntas “irregularidades” en las cuentas y la gestión de la junta de gobierno. En rueda de prensa, han señalado un viaje irregular a Cuba del decano Carles Berruezo y del vicedecano Julio Amador junto a sus respectivas parejas en febrero de 2019 como el origen del problema.

Según Cerqueda, los altos cargos argumentaron que era un “viaje institucional” para realizar una ponencia en un congreso laboralista sobre igualdad. Aunque no fue aprobado por la junta de gobierno y supuso un gasto de 12.680 euros al Colegio por casi una semana de hospedaje, una cifra que la colegiada considera “excesiva” incluso si realmente fueron a dar una conferencia.

“Acoso y discriminación”

A raíz de exponer las irregularidades de este suceso, los vocales comenzaron a votar en contra de ciertas medidas, tras lo que advierten que sufren “acoso y discriminación”. Cerqueda menciona un ejemplo reciente, cuando el pasado fin de semana la entrevistaron para un medio local de Lleida: “Pidieron la revisión del artículo antes de publicarlo y el decano cambió el enfoque de la entrevista en clave de Colegio y no local”, sostiene.

En esta línea, denuncia que les someten a determinadas presiones para quitarles “voz y voto” y conseguir que dimitan. De hecho, apuntan que de los 15 miembros de la junta, un total de diez están “en desacuerdo con la gestión”. Seis fueron cesados en febrero de 2020 y uno dimitió, por lo que quedaron “en minoría”.

Cuentas impugnadas desde 2017

Por otro lado, han informado de que las cuentas del Colegio se encuentran impugnadas por la junta de gobierno desde 2017 a 2020 en señal de rechazo, pues Josep Canal lamenta que actualmente no se gobierna “colegiadamente ni democráticamente”. Asimismo, defiende la transparencia como “un valor que debe ser clave”, pero critica una absoluta falta de ella, tanto con la sociedad como con los propios colegiados.

Ante estos hechos, algunos miembros de la institución presentaron una demanda ante el juzgado del contencioso administrativo el 8 de agosto del año pasado, la cual se encuentra en fase de juicio oral después de irse atrasando porque el Colegio “ha impugnado cada escrito”, según los vocales, quienes recibieron una querella criminal acusados de “injurias y calumnias”. No obstante, el juez archivó la causa “directamente” en noviembre “por no ser constitutiva de delito”, según dicta el auto del penal.