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El Govern reformará la ley de funerarias y prevé abrir un proceso participativo esta semana

La Generalitat pretende que se abran los tanatorios públicos a terceros, mientras que los concesionados se adaptarán caso a caso

16.07.2017 22:03 h.
5 min
El Govern reformará la ley de funerarias y prevé abrir un proceso participativo esta semana

El Govern prevé reformar la Ley 2/1997 de servicios funerarios para abrir los tanatorios públicos a terceros y así fomentar la competencia y rebajar los precios, para lo que previsiblemente aprobará una memoria preliminar el martes, tras lo que abrirá un proceso participativo, el primero de un anteproyecto de ley.

Abrir a terceros el uso de los tanatorios públicos provocará una rebaja del precio del 30%, según fuentes del Govern, que señalan que la reforma podría aprobarse como pronto a principios de 2018 y que generaría esta rebaja del precio tras cerca de un año de su aprobación.

49 tanatorios de gestión pública, 101 concesiones y 144 privados

En Cataluña operan 294 tanatorios --infraestructura que el Govern considera esencial para la prestación del servicio--, de los que 150 son públicos: de ellos, 49 son de gestión pública, y 101 están gestionados por empresas privadas en régimen concesional; el resto son privados.

Los 49 tanatorios de gestión pública podrían abrirse a terceros inmediatamente con la aprobación de la ley, mientras que el centenar de gestión privada deberían analizarse caso por caso para modificar la concesión y adaptarla a ley reformada, proceso que se alargará más que el de los públicos.

Choque con las administraciones locales

La reforma y la memoria parten de un trabajo conjunto entre las consejerías de Presidencia, de Gobernación --porque impacta en las administraciones locales-- y de Salud, coordinado por la de Vicepresidencia y Economía y la Dirección General de Promoción Económica, Competencia y Regulación.

La reforma de la ley pretende actuar ante una situación de poca competencia que lleva a precios elevados --especialmente en el área de Barcelona y de Tarragona, donde oscilan entre los 6.000 y los 7.000 euros--, en un sector con una demanda particular y poco sensible a los aumentos de precio.

Persigue también garantizar la seguridad jurídica en un ámbito en que la normativa incluye restricciones que no son proporcionales ni están suficientemente justificadas --como el número mínimo de coches y de féretros--, y en el que la diversidad de ordenanzas municipales vulnera en ocasiones el principio de eficacia nacional, según las mismas fuentes.

Mantener la calidad

Han señalado que la reforma se impulsa teniendo en cuenta requerimientos sanitarios y obligaciones mínimas que deberán cumplir las empresas proveedoras, para asegurar que este aumento de la competencia no vaya en detrimento de la calidad del servicio.

Así, el Govern asegura que se puede garantizar la competencia y el aumento de la oferta dentro de un orden y sin permitir que las funerarias acosen a posibles usuarios en espacios como hospitales y residencias de ancianos, sin una persecución de los clientes potenciales, como ha ocurrido en otras ciudades.

También se planteó la posibilidad de reformar el decreto que despliega la ley --el 209/1999--, pero se concluyó que esta modificación no sería suficiente para eliminar todas las restricciones y que era necesaria una reforma legislativa con rango de ley para asegurar la prevalencia por encima de las ordenanzas municipales.

La memoria también contempla que pueden desarrollarse en paralelo medidas que complementen esta reforma para promover la competencia y rebajar precios y mejorar, como la modificación de las ordenanzas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona, con el que las mismas fuentes aseguran que tienen "conversaciones abiertas".

Proceso participativo hasta finales de septiembre

Este será el primer proceso participativo de un anteproyecto de ley, han resaltado las mismas fuentes, que han concretado que la memoria preliminar se publicará en el portal digital de participación de la Generalitat y estará abierto previsiblemente hasta el 30 de septiembre.

El Govern pretende que participen tanto municipios como usuarios y operadores y, aunque el proceso participativo no es vinculante, la Generalitat hará un retorno con un resumen de las aportaciones registradas y con las que finalmente recogerá el Govern.

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