El Gobierno estudia aprobar un decreto para facilitar el traslado de sedes sociales

El Gobierno estudia aprobar un decreto para facilitar el traslado de sedes sociales

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El Gobierno estudia aprobar un decreto para facilitar el traslado de sedes sociales

La comisión ejecutiva de Caixabank ha aprobado por unanimidad proponer mañana a su consejo de administración llevar la sede a Palma de Mallorca

5 octubre, 2017 19:15

El Gobierno estudia aprobar este viernes un decreto ley para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan realizarlo sin necesidad de que la decisión requiera la aprobación de la junta general de accionistas de la compañía.

El decreto facilitaría el cambio de sede a compañías como Caixabank, ya que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas.

Otras compañías y entidades no obligan en cambio a este requisito, como es el caso de Banco Sabadell, cuyo consejo de administración ha aprobado este mismo jueves en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante ante la incertidumbre política y económica que ha originado la celebración del referéndum independentista ilegal en Cataluña el pasado domingo.

La medida sería estudiada en el Consejo de Ministros de este viernes. Fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad han declinado hacer comentarios al respecto.

Caixabank reúne a su consejo

En este sentido, el consejo de administración de Caixabank se reunirá este viernes para valorar un cambio de la sede social de la entidad que le permita soslayar la incertidumbre generada por la tensión independentista en Cataluña.

La comisión ejecutiva del banco se ha reunido esta tarde y ha acordado por unanimidad llevar mañana a su consejo la propuesta de trasladar la sede social a Palma de Mallorca.

El banco remitió el martes pasado una nota a sus empleados en la que les instaba a trasladar a los clientes de forma proactiva el compromiso de la entidad con la defensa de sus intereses, un compromiso que "guiará las decisiones futuras que, en caso de ser necesario, hayan de tomarse".