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La ministra, en una Jornada Inmobiliaria organizada por Europa Press / EUROPA PRESS

El Gobierno estudia cómo incorporar 30.000 pisos de grandes tenedores a su plan de alquiler

Los precios se situarían un 20% por debajo de la media del mercado y darían capacidad de acceso a las familias vulnerables

Ricard López
3 min

El Gobierno español mantiene conversaciones con el sector privado para tratar la propuesta de grandes propietarios al ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para alquilar al Estado hasta 30.000 viviendas para uso social.

Así lo reconoció la ministra del ramo, Raquel Sánchez, tras ser preguntada al respecto este lunes, enmarcando dichos contactos con "grandes tenedores" en el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible del Ejecutivo. Un proyecto que, según asegura, aspira a "movilizar como mínimo 100.000 viviendas para ponerlas a disposición de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, para garantizar ese alquiler asequible y, sobre todo, a los colectivos más vulnerables".

La ministra remarcó que esos grandes tenedores de vivienda comparten el objetivo del Gobierno, que es "fijarnos esas 30.000 viviendas que puedan tener como origen esos grandes tenedores y ponerlas a disposición". "Estamos trabajando cuál es la fórmula; evidentemente, a través de concurso público", añadió.

Cesión por 25 años

La propuesta de los grandes tenedores pasa por una cesión de 25 años al Estado. Éste, como arrendatario, posibilitaría al propietario que cede la vivienda un horizonte temporal que le daría visibilidad y certeza en el largo plazo, según dijo recientemente el CEO de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce, en nombre de la asociación de propietarios Asval.

A cambio, los precios se situarían un 20% por debajo del precio de mercado, para dar capacidad de acceso a familias vulnerables.

Arrendamiento público, gestión privada

El perfil del inquilino para acceder a estos pisos, tal como informó la semana pasada Crónica Global, lo definiría el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en caso que se llegara a un acuerdo, mientras que la gestión inmobiliaria seguiría siendo privada.

Este programa, con la cesión de los grandes tenedores españoles, incluiría tanto viviendas vacías como ocupadas con criterios de vulnerabilidad. Entre sus objetivos figura regularizar los pisos o casas ocupados ilegalmente, según la propuesta de Asval.