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El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, en la rueda de prensa de presentación de paro y afiliación del mes de junio / EP

El Gobierno 'echa' a la CEOE de la negociación del Estatuto del Becario

El Ministerio de Trabajo amenaza a la patronal con pactar la normativa únicamente con los sindicatos

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El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, amagó ayer con aprobar el Estatuto del Becario solo con el apoyo de los sindicatos y sin la participación de la CEOE.

"En la medida en que la patronal tenga la opinión de que haya caminos que permitan el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de costes será difícil que podamos alcanzar un acuerdo con ellos", afirmó Pérez durante su intervención en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación.

Acabar con los "falsos becarios"

Pérez ha asegurado que hay "una mayor sintonía en este momento con las organizaciones sindicales a la hora de delimitar o delinear cuál es la figura del estudiante en prácticas" y cómo combatir a los "falsos becarios", es decir, a los estudiantes en prácticas que ejercen funciones propias de un trabajador.

Fuentes de la CEOE consultadas por El Economista han mostrado su sorpresa por la posición frentista adoptada por el Ejecutivo central. Pese a que la reforma laboral fue acordada a tres por sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo, el Gobierno ha sacado adelante otras iniciativas como el último pacto de las pensiones sobre el mecanismo de equidad intergeneracional sin el concurso de los empresarios.

Negociaciones tras el verano

En el caso del Estatuto del Becario --cuya denominación oficial es Estatuto de las Prácticas no Laborales--, Trabajo ha marcado dos condiciones indispensables para su aprobación: la supresión de las prácticas extracurriculares y la exigencia de que cualquier práctica vaya ligada al contenido de la formación.

La patronal ha mostrado su voluntad de seguir negociando pero ha alertado de la "inseguridad jurídica" que plantea el actual borrador de la norma. Las diferencias sobre el fondo de la cuestión han obligado a retrasar las conversaciones hasta después del verano en busca de un acuerdo que finalmente podría limitarse a Gobierno y sindicatos.